Caracas.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami se reunió con gobernadores y alcaldes de los estados del país, a fin de presentar los alcances de los seis vértices estratégicos de la Gran Misión A toda Vida Venezuela.
La misión contempla como ejes centrales: la prevención y las medidas de control penal, precisó desde Catia, parroquia Sucre, en Caracas.
El programa social contempla la prevención integral y la convivencia solidaria, fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, así como la transformación del sistema judicial, penitenciario y penal, junto a la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sistema nacional de atención a las víctimas y finalmente, la creación y socialización del conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana.
El proceso bolivariano asumió la responsabilidad ante el país en este ámbito, y ha trabajado como ningún otro gobierno antes. Para ello instaló políticas serias y objetivas con el propósito de favorecer la paz y la vida de los venezolanos, enfatizó.
El Aissami envió un mensaje a los mandatarios regionales y locales, en el cual le exigió el esfuerzo de incorporarse al nuevo modelo policial venezolano, recordó que gracias a esta medida se han reducido los homicidios en 20 por ciento.
También le hizo una invitación a los gobernantes a ser responsables y a trabajar en el tema de la seguridad, ya que en conjunto con el Ejecutivo nacional alcanzarán las metas de la Misión y reducirán los hechos de violencia registrados en el país.
Hoy le entregarán -a los gobernadores y alcaldes- la lista de oficiales que están implicados en hechos delictivos. "Hay policías involucrados en hechos de corrupción, solicitados con medida de aprehensión que aún ejercen labores policiales (...) Tenemos que dar el ejemplo a nuestros cuerpos de policías y así lograremos en corto tiempo alcanzar la paz que demanda nuestro pueblo".
Recordó que el Distrito Capital, Zulia, Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, son los seis estados que presentan el 80 por ciento de la incidencia criminal de Venezuela. Próximamente serán instaladas las Casas de Justicia Penal en los 79 municipios afectados por la violencia, para atender los delitos cuyas penas no excedan de ocho años.
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