Diputado Soto Rojas denunció estancamiento de ley contra el olvido

Diputado Soto Rojas denunció estancamiento de ley contra el olvido

A un año de haber sido aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), está convertida en letra muerta la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998 (conocida como Ley contra el Olvido), denunció ayer el parlamentario Fernando Soto Rojas, quien para entonces presidía el poder legislativo.

Fue respaldado por la diputada Marelis Pérez Marcano (Parlatino) e integrantes del Frente de Familiares y Amigos de Asesinados y Desaparecidos, quienes ayer realizaron una asamblea popular en el salón Francisco de Miranda del Palacio Legislativo.

Denuncian que la Comisión por la Verdad y la Justicia, órgano que activará las investigaciones, no ha sido conformada porque algunos poderes públicos no han seleccionado a sus representantes ante esta instancia. En tanto, todo está paralizado.

“Es una deuda de la dirección bolivariana y de los poderes públicos del Estado el no haber ejecutado la ley”, señaló Soto Rojas, quien acotó que ha hablado infructuosamente del tema con “compañeros que tienen poder de decisión”. Agregó que hasta el reglamento de la Ley fue entregado oportunamente por los promotores.

“Propongo declararnos en emergencia desde hoy. Ya basta de decir esperando. Las victorias políticas que ha obtenido el pueblo venezolano son sobre la base de la movilización popular permanente”, dijo Soto Rojas; su planteamiento tuvo acogida unánime entre las y los presentes.

Soto Rojas añadió a su propuesta que en cada plenaria de la AN acuda una delegación del Frente de Familiares y Amigos para presionar que el poder legislativo designe y juramente a los tres integrantes que le corresponde. “Yo cada vez que asista voy a pedir un derecho de la palabra”, se comprometió. “A mí me da pena con ustedes”, les dijo.

“Aquí hay que decirle las cosas de frente sea quien sea”, retó Soto Rojas, quien igualmente empeñó su palabra de llevar este caso a la Asamblea Parlamentaria Mundial, reunida en Canadá para debatir sobre los derechos humanos. “Allá lo voy a señalar delante de todo el mundo”.

“Al único que no he molestado es al comandante Chávez”, confesó Soto Rojas, quien pidió una micromisión (anunciadas por el presidente Chávez) para destrancar la operatividad de la ley contra el olvido.

EL DESLINDE NECESARIO

La dirigente Marelis Pérez Marcano ha sido la coordinadora de la ley. Junto con el Frente de Familiares y Amigos ha estimulado su aprobación y ejecución.

“Este nuevo Estado democrático, social y de justicia tiene que crear un deslinde contundente con ese pasado y solamente se hace investigando esos hechos y aclarándolos”, solicitó en la asamblea de ayer.

Adujo que esta ley es la primera en su tipo que se aprueba en América Latina “y no es casualidad que se hace en revolución. En otros países ha habido es decretos presidenciales”.

“El pueblo tiene derecho a conocer la verdad de los hechos: que aquí se impuso un terrorismo de Estado”.

Desestimó la acusación de la oposición cuando señala que la ley es para la retaliación y la venganza. “Es para la justicia. El Estado tiene que ser garantista de la vida”.

“Lo que estamos demandando es justicia, que la Comisión de la Verdad se instale e inicie sus investigaciones objetivas”.

MARCHA EL 6 DE NOVIEMBRE

La comisión de la verdad y la justiciza debe –como ordena la propia ley – por tres representantes de la AN designados por la plenaria y uno del Poder Ciudadano. El Ejecutivo Nacional tiene que proponer cuatro voceros mediantes los siguientes Ministerios: Servicio Penitenciario, Interior y Justicia, Cancillería y la Secretaría de la Presidencia.

Pérez Marcano informó que la ministra Iris Varela cumplió su parte, al igual que Tarek El Aissami (ya desincorporado de Interior y Justicia).

El Frente de Familiares y Amigos debía proponer a diez personas y lo hizo desde el principio.

La diputada Pérez Marcano señaló que es el Poder Ciudadano (a través de la presidencia del Consejo Moral que a la fecha dirige Gabriela Ramírez) el que operativiza el funcionamiento de la Comisión por la Justicia y la Verdad.

“Nos consta que la doctora Gabriela Ramírez le envió comunicación a todos los poderes públicos, incluyéndonos”.

La Comisión se instala después de ser juramentada por la AN, una actividad a la que debe asistir el Consejo Moral.

La parlamentaria anunció que el 6 de noviembre el Frente de Familiares y Amigos realizará una marcha hasta la AN para solicitar la reactivación de la ley.

Agregó que pasarán por el Ministerio Público para entregarle una carta la Fiscal General y por la Vicepresidencia de la República, para que inste a los Ministerios renuentes a designar a sus representantes.