x Jhonattan Bueno
Es necesario retomar el papel fundamental de las organizaciones en la consolidación del socialismo bolivarianoNumerosos han sido los avances de la Revolución Bolivariana en materia agrícola, pasando desde la guerra contra el latifundio, la transformación del sistema jurídico nacional y el impulso de planes y proyectos productivos, hasta la promoción de organizaciones socioproductivas como célula fundamental del modelo productivo socialista. La producción agrícola presentó, entre 1998-2008 un incremento del 32%. Sin embargo, entre el 2000-2009 se han importado más de treinta y un mil setecientos cinco millones de dólares en alimentos, aproximadamente el 10% de la renta petrolera en esos diez años1. La realidad es que nos encontramos sumergidos en una dependiente economía rentista petrolera. Durante el proceso revolucionario se han invertido más de 468.618 millones de dólares para el bienestar social2, planes de desarrollo y misiones, incluyendo la misión agrovenezuela, que en su génesis contó con casi diez millardos de bolívares, sumados a los treinta millardos que se manejarán a través del recién constituido Fondo Ezequiel Zamora. Estudios realizados3 revelan que, entre 1998-2004 la agricultura vegetal creció en un 20% a raíz de los importantes planes de inversión realizados por el Gobierno Revolucionario. Sin embargo, si no se considerara el maíz, la producción solo hubiese incrementado en 1% y si no se incluyeran los cereales habría decrecido en 8%. Esta condición es un pequeño ejemplo de las debilidades que presenta el Estado para la planificación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos agrícolas. Queremos resaltar aquí, los loables esfuerzos en materia de planes y programas agrícolas de financiamiento realizados por el gobierno revolucionario, el meollo del asunto radica en la incapacidad del Estado y todo su aparataje burocrático para hacer efectivo el financiamiento. Esta situación, conlleva a una relación desproporcionada entre la cantidad de recursos invertidos en el área agrícola y la producción esperada de alimentos. Situación que se evidencia en las cifras de importación antes descritas.
Adicionalmente, resulta casi incalculable la cantidad de recursos invertida para la transformación del modelo agrícola dominante. A simple vista, podemos apreciar que lejos de retomar formas ancestrales de producción, el Estado ha sido el principal promotor del paquete de la revolución verde. Sin embrago, reconocemos la intencionalidad del Gobierno Bolivariano de retomar las formas tradicionales de producción, a los pequeños productores, a la propiedad colectiva. Entra aquí un debate neurálgico sobre el papel fundamental de las organizaciones populares en la lucha por consolidar este proceso. Debemos resaltar que durante la revolución se han recuperado 2.675.732 ha y se otorgaron Cartas Agrarias y Títulos de Adjudicación para un total de 1.862.247 ha al cierre del año 2008. Sin embargo, y aunado a la poca eficiencia general de los recursos invertidos, la agricultura venezolana (sumada con otros factores) participa apenas con el 4,39% de la conformación del PIB, porcentaje bastante inferior en comparación con el peso de 12.1 % que tienen la agricultura en el total del PIB de Colombia, o al promedio latinoamericano que alcanza el 6.22 % del PIB4.
Debemos destacar aquí que, paradójicamente, el peso del sector privado en el aporte al PIB pasó de 64,7% en 1998 a 70,9% al 2008. Es decir, que contradictoriamente en el proceso bolivariano el sector privado se ha fortalecido, mientras que el sector público ha mermado su participación en la conformación del PIB al pasar de 43,8% en 1998 a 29,1% en 2008. Es fundamental señalar aquí que para la consolidación del socialismo bolivariano, los mayores aportes al PIB deberían estar en manos de las organizaciones sociales, no del sector privado ni del Estado, lo que le brindaría irreversibilidad al proceso revolucionario, toda vez que los factores de producción se encuentren en manos de las organizaciones que se constituyan bajo relaciones sociales de producción, en las que prepondere el principio del trabajo liberador por encima de la acumulación del capital. En este sentido, nos queda una gran labor por delante, en un escenario nacional donde la población urbana (93,59%) se encuentra muy por encima del promedio de América Latina y El Caribe (79,6%). Donde existen más de dos millones cuatrocientos mil empleados públicos5, cifra superior a los 682.125 venezolanos registrados a nivel nacional en la Gran Misión Agrovenezuela, para trabajar la tierra y optar a financiamiento. Es decir, hay 3.5 veces más empleados públicos que personas trabajando el campo, inscritas en la Gran Misión Agrovenezuela.
Esta situación se agudiza cuando encontramos que países cercanos como México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, producen transgénicos. En un escenario de inminente integración política, económica y comercial latinoamericana y caribeña, resulta imperante fortalecer la producción nacional, independiente de la comercialización de semillas foráneas que prostituyan la soberanía nacional a los mercados de patentes e intereses transnacionales. Esto no implica, en lo absoluto, un divorcio de las relaciones político-económicas con el resto de los países, lo que si implica, es el fortalecimiento de las organizaciones populares en torno a las actividades agrícolas socioproductivas que retomen la cultura originaria de producción. En otras palabras, se requiere una radical profundización del proceso revolucionario hasta lograr su inminente irreversibilidad en manos de las organizaciones sociales.
Para ello, es necesario retomar el papel fundamental de las organizaciones en la consolidación del socialismo bolivariano.
En este sentido podemos destacar que “la fuerza de cualquier organización está en la construcción colectiva, la que se relaciona con múltiples factores, a partir de una realidad determinada, concreta. Entre ellos se pueden destacar dos que son considerados claves: por un lado, la cuestión de la formación de la conciencia, de la organicidad de sus miembros y, por otro la capacidad de movilización y lucha (las verdaderas parteras de las transformaciones). La fuerza del pueblo está, justamente, en su organización y su lucha. Pero la fuerza reside también en la claridad de sus objetivos, tanto inmediatos como estratégicos, pues es en función de ellos que se construye la orgánica6.
En este sentido, no existe mejor práctica que una buena teoría, donde se definen los objetivos y métodos de lucha que orientan y le dan sentido a la práctica. Es tarea fundamental de nosotros(as), profesionales y técnicos relacionados con los sistemas alimenticios, los y las interesados(as) en que la agricultura nacional salga adelante, debatir y comprender cuál es nuestro papel como vanguardia revolucionaria. Nosotros, nos encontramos hoy en un período de lucha por acceder al Poder, a la toma de decisiones desde la institucionalidad burguesa, no poseemos un medio de producción, y estamos peligrosamente distanciados de las comunidades agrícolas. Sin embargo, formamos parte de un sujeto histórico, del pobretariado7, y esto nos brinda una condición humana indispensable para trabajar con las comunidades. Desde esta perspectiva, en este sentido debemos organizarnos. Debemos comprender que nuestras ideas solo podrán sumar voluntades en la medida en que nuestros objetivos sean claramente definidos y llevados a través de debates y acciones a las comunidades, para que éstas, que están el medio de producción, o mejor dicho, en su espacio de lucha, decidan o no formar parte de los objetivos revolucionarios. Un ejemplo tangible de este proceso podemos encontrarlo en el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra – Brasil y su lucha por la reforma agraria, por citar un ejemplo.
De lo contrario, de no poner estos escenarios sobre la mesa de discusión, estaríamos irremediablemente destinados al fracaso, a realizar esfuerzos y actividades inorgánicas para que fortalecerían la institucionalidad burguesa y su aparataje burocrático. Entraríamos entonces en un período de promover organización “ficticia” para mantener y ostentar puestos de toma de decisiones, pero este hecho, en sí mismo, no implica una organización revolucionaria, cualquier frente o consejo podría constituirse incluso como figura jurídica, pero si no está claro el motivo de la lucha, el objetivo y la consigna que nos agrupa, cualquier esfuerzo será ridículamente en vano. Queda de nuestra parte debatir las ideas que nos unen y trabajar en conjunto para dirimir las diferencias que nos separan frente al escenario global en el que nos encontramos. Solo así podremos contribuir como vanguardia al fortalecimiento del proceso revolucionario.
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