miércoles, 27 de junio de 2012

Caracas será capital de la izquierda mundial durante Foro de Sao Paulo

Caracas será capital de la izquierda mundial durante Foro de Sao Paulo


Caracas.- La XVIII reunión del Foro Sao Paulo, que reunirá en Caracas a más de 600 delegados internacionales de movimientos y partidos políticos, convertirá a la capital venezolana en sede de la izquierda mundial, destacó este miércoles Rodrigo Cabezas, presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino)-capítulo Venezuela.

Este encuentro se realizará del 4 al 6 de julio, en el hotel Alba Caracas y en el Teatro Teresa Carreño, con la consigna: Los pueblos del mundo unidos contra el neoliberalismo y por la paz.

En rueda de prensa, Cabezas resaltó que la actividad contará con la asistencia de activistas de movimientos sociales, intelectuales y artistas de los cinco continentes, comprometidos con la lucha contra el neoliberalismo.

El Foro de Sao Paulo, que por primera vez se realiza en Venezuela, tiene un claro objetivo político de "decirle al mundo que las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias del planeta vienen a Caracas a darle un respaldo y espaldarazo a la Revolución Bolivariana y a su líder, el presidente Hugo Chávez Frías", expresó Cabezas.

Los temas a abordar durante la iniciativa permitirán concentrar una gran diversidad de pensamientos de la izquierda y fuerza revolucionaria, que coincidirán en la necesidad de fortalecer los procesos de cambios históricos, populares y gobiernos.

"Este foro busca concentrar las fuerzas mundiales del pensamiento de izquierda, como un espacio para la reflexión, contra el neoliberalismo, el colonialismo y el imperialismo", destacó el diputado.

Aclaró que el Foro de Sao Paulo se ha caracterizado por tener como objetivo claro producir un encuentro para debatir experiencias de los movimientos socialistas del planeta, sin imposición alguna de modelos políticos.

14 talleres temáticos

El XVIII desarrollará 14 talleres temáticos, en los cuales se abordarán, entre otras, las áreas de defensa, democratización de la información y comunicación, medio ambiente y cambio climático, migraciones, movimientos sindicales y sociales, pueblos originarios, seguridad agroalimentaria, seguridad y narcotráfico.

Asimismo, habrá encuentros de las juventudes, de las mujeres del mundo y otro para evaluar la experiencia técnica, económica, política y social de los gobiernos de izquierda en América Latina y el encuentro parlamentario.

En este último participarán 105 parlamentarios de América Latina, quienes se reunirán en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. 

martes, 26 de junio de 2012

Revolución entregó 160 viviendas en Ciudad Socialista Guasimal en Aragua

Revolución entregó 160 viviendas en Ciudad Socialista Guasimal en Aragua

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, reunido en el Palacio de Miraflores con su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, detalló que son 72 edificios tipo túnel de 5 niveles, que cuentan con 3 apartamentos por piso

La Revolución Bolivariana, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la colaboración de la República de Belarús, entregó este martes 160 apartamentos edificados en el Complejo Habitacional Ciudad Socialista Guasimal, municipio Atanasio Girardot, en el estado Aragua.

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, reunido en el Palacio de Miraflores con su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, detalló queson 72 edificios tipo túnel de 5 niveles que cuentan con 3 apartamentos por piso.

Destacó que hasta la fecha se han entregado 720 apartamentos, cifra a la cual se suman estas 160 viviendas, para un total de 880 apartamentos en la mencionada ciudad socialista. Acotó que cada hogar tendrá un precio unitario por más de 324 millones de bolívares, “la mayoría de estos recursos financiados por el Gobierno”.

Chávez ratificó que la meta para los próximos 6 años es construir tres millones de viviendas para disminuir la demanda de hogares en el territorio nacional. “Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para cumplir con esa meta y darle una vivienda digna al pueblo venezolano”.

La construcción de la Ciudad Socialista Guasimal, por el convenio binacional con Bielorrusia, viene a consolidar la ejecución de urbanismos en el estado Aragua y permite al Gobierno Bolivariano avanzar en el desarrollo de obras de impacto social.

El proyecto contempla la construcción de edificios de cinco pisos cada uno, con tres apartamento por piso, además el urbanismo contará con escuelas, guarderías y centro comercial.

El complejo habitacional de Guasimal estima alcanzar, en una segunda fase, la construcción de cinco mil soluciones habitacionales que beneficiará a más de dos mil familias aragüeñas.

España: Deuda militar, Deuda odiosa, Deuda ilegítima

España: Deuda militar, Deuda odiosa, Deuda ilegítima
 por  CEPRID
John Doe


Se considera “Deuda ilegítima” aquélla que es contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. En base a esta definición, y a tenor del atraco a mano armada (nunca mejor dicho) que se está perpetrando contra los intereses de la población, que cada día ve cómo cuesta conseguir lo más básico y elemental mientras se despilfarra el dinero en todo tipo de asuntos espurios, debemos preguntarnos si cabría considerar como deuda ilegítima la de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).

Los PEA nacieron entre 1997 y 1998, con el Partido Popular en el Gobierno. Mediante una artimaña contable se puso en marcha un modelo para, a través del Ministerio de Industria, conceder a un exiguo grupo de empresas (grosso modo, EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia) unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que éstas hicieran frente a las fases de I+D, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Hasta la fecha, son 19 los programas que conforman esta categoría (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”), los cuales, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costarnos entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 (por la sencilla razón de que el fin de la “vida útil” de la mayoría de los programas comienza a producirse en torno a 2040).

En septiembre de 2011, la Secretaría de Estado de Defensa, aún en manos del PSOE, realizó una “Evaluación de los programas especiales de armamento”, con el objetivo de buscar soluciones al grave problema de deuda a que se enfrenta el Ministerio de Defensa.

El exhaustivo trabajo realizado por la SEDEF, acredita lo siguiente:

que la capacidad financiera del Ministerio de Defensa no es suficiente para atender las obligaciones de pago derivadas de los PEA en curso, es decir, que fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa

que tal insuficiencia presupuestaria no es coyuntural, ni está directamente relacionada con la crisis económica actual, sino que es un problema financiero, complejo y estructural, absolutamente relacionado con el sistema de adquisiciones y con su modelo de sostenimiento 
que se trata de un problema de Estado, dado que implica a muchos agentes (políticos, militares, industria)

que quienes tomaron las decisiones de adquisición en el período que va de 1997 a 2004 (en el que se generaron más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y en el futuro) difirieron a futuros presupuestos el pago de tales compromisos aun a sabiendas de que nunca podrían satisfacerse los compromisos financieros adquiridos

que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pues bien:

si el Estado sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo de generación de deuda que nunca iba a poder pagar, y que, hoy por hoy, ha generado casi 40.000 millones y

si esta deuda ha sido creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía del país, que ha tenido que sufrir dolorosos recortes sociales con cantidades que están muy por debajo de esa cuantía Entonces:

es fácilmente deducible que esa deuda no tiene por qué ser pagada, pues quienes gobiernan el Estado desde 1997-1998 habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y,

por tanto, que los contratos adquiridos con las empresas o consorcios de empresas para desarrollar estos PEA son nulos desde un punto estrictamente legal.

Señalar a un único culpable sería difícil, por la sencilla razón de que en torno a este problema siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano; pero sí podemos decir quiénes han sido sus garantes y defensores desde la ostentación de sus cargos de responsabilidad en los ministerios implicados: el de Defensa (con sus Secretarios de Estado, pues a este órgano le corresponde la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material y la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa) y el de Industria.

VI Legislatura (1996–2000)

Ministro de Defensa: Eduardo Serra Rexach

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Ministro de Industria y Energía: Josep Piqué i Camps

VII Legislatura (2000–2004)

Ministro de Defensa: Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Secretario de Estado de Defensa: Fernando Díez Moreno

Ministros de Ciencia y Tecnología: Anna María Birulés Bertrán (2000–2002), Josep Piqué i Camps (2002–2003) y Juan Costa Climent (2003–2004)

VIII Legislatura (2004–2008)

Ministros de Defensa: José Bono Martínez (2004–2006) y José Antonio Alonso Suárez (2006–2008)

Secretarios de Estado de Defensa: Francisco Pardo Piqueras (2004–2007) y Soledad López Fernández (2007–2008)

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera (2004–2006) y Joan Clos i Matheu (2006–2008)

IX Legislatura (2008–2011)

Ministra de Defensa: Carme Chacón Piqueras Secretario de Estado de Defensa: Constantino Méndez Martínez Ministros de Industria, Turismo y Comercio: Miguel Sebastián Gascón

X Legislatura (2011-)

Ministra de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate Secretario de Estado de Defensa: Pedro Argüelles Salaverría Ministros de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria López De esta caterva, Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA, siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las llamadas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

Todo esto nos indica que estamos en manos de un lobby: una clase política y militar (podríamos seguir por Piqué, Bono, García Vargas, Villar Turrau, Sebastián Zaragoza, Francisco Torrente, Enrique Navarro…), con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público. Las mismas empresas que aparecen en el informe de la SEDEF de esta guisa:

las empresas beneficiadas con los anticipos apenas han iniciado sus devoluciones al Tesoro. Entre 1997 y 2011 sólo han devuelto 147 millones de euros; a cambio, han recibido 23.415 millones de euros

el beneficio para las empresas es muy cuantioso a largo plazo. Las armas obtenidas generan nuevas obligaciones que, por tratarse de sistemas complejos y tecnológicamente muy avanzados, suponen importantes cuantías que es necesario sumar a las de la propia adquisición (se estima que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición)

cada PEA está sujeto a revisiones de precios, así como a partidas abiertas que son de contenido variable e incierto (modificaciones contractuales sobrevenidas; importes reservados en los presupuestos de los contratos para eventuales partidas pendientes de contratar; revisiones de precios; penalidades aplicables por retrasos e incumplimientos; importes asociados al tipo de cambio impositivo del IVA; cambios de paridad en las divisas; importes asociados a la ampliación de seguros y garantías…). Estas condiciones leoninas amparan a las empresas adjudicatarias y las elevan a una posición dominante en todo el proceso

dado que muchos de los PEA han nacido obsoletos, se estima que habrá unos cuantiosos sobrecostes adicionales derivados de la forzada extensión de la “vida en servicio” de ciertos sistemas por retrasos en los programas que los deberían reemplazar.

Y sin embargo, aún puede ser peor. No sólo es que estén pensando en cómo solucionar el problema por la vía rápida (condonación de la deuda) sino que ya están maquinando cuáles serán los nuevos programas. Lo que les preocupa no es la deuda contraída, sino la que está por contraerse, es decir, de dónde van a sacar el dinero para financiar nuevos programas sobre los que ya están trabajando (helicópteros, buques, blindados…). Argüelles ha recalcado que la vocación del Gobierno “no es dejar a la defensa hibernada de por vida y sin posibilidad de ir renovando y adecuando su material”.

En los últimos 15 años se han modificado todas las leyes que ha sido menester para permitir que se pudiera comprar armamento gracias a la venta de los numerosos inmuebles y terrenos de los que era propietario el Ministerio de Defensa (se estima que unos 15 millones de metros cuadrados de terrenos y unas 50.000 viviendas, además de otras propiedades).

Sólo entre 1999 y 2010 esta financiación extrapresupuestaria proveniente de la actividad de la GIED (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) y del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas), ahora fusionados en el INVIED, ha generado un crédito superior a los 4.000 millones de euros, que, en su práctica totalidad, han sido destinados a los PEA.

Con la que está cayendo, y a pesar de que el Ministerio de Defensa siempre ha recurrido a la especulación más abyecta con estas propiedades otrora enajenadas a los municipios por el “bien de la defensa nacional” (vendiendo por subasta, contratando a consultoras especializadas en la especulación de inmuebles, modificando el régimen jurídico de los Organismos Autónomos para que pudiesen obrar a su antojo…), temen que el bajón por el que pasa el mercado inmobiliario pueda dejar a los futuros programas sin recursos.

El INVIED ha generado unos ingresos en 2011 que ascienden a 162 millones de euros. Con esta hipótesis de partida, para el período que va de 2011 a 2040, estos ingresos tendrían un valor medio anual de 219 millones de euros corrientes (han tenido en cuenta no sólo la capacidad del organismo de enajenación de inmuebles sino también las nuevas funciones asumidas por el INVIED —utilización y explotación económica y comercial de los bienes de dominio público adscritos al Ministerio de Defensa).

El Consejo de Ministros, además de modificar el techo presupuestario inicial de los programas (lo que ya ha hecho en varias ocasiones) también ha modificado la curva de pagos, lo que generará, a su vez, unos costes financieros que, como podemos ver actualmente, con la prima de riesgo disparada y con una enorme dificultad para captar dinero (los intereses rondan hoy el 7%), pueden suponer un pico. Para aquellos contratos firmados antes del 30 de abril de2008, si la Administración se demorase en el pago más de dos meses desde la fecha de expedición del documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades adeudadas. Posteriormente, el tipo legal de interés de demora a aplicar será del 8%. Una proyección optimista (cambio del ciclo económico actual) fija unos intereses de demora de 2.609 millones de euros. Una proyección pesimista (seguir como estamos ahora) dispara esta cantidad hacia nadie sabe dónde.

Concluyendo, estamos ante una mascarada que es un calco de lo que está pasando en el escenario macroeconómico. Al contrario de lo que diría Marx (lo hacen pero no lo saben), estoy convencido de que estos lo hacen y lo saben.

¿En qué se convertirán los casi 40.000 millones actuales en los próximos 28 años que aún pretenden mantenerlos? En ruina. En nuestras manos está evitar que este tropel de chorizos siga campando por sus respetos.

La explosión inminente de Egipto


La explosión inminente de Egiptopor CEPRID
Abdel Bari Atwan
Al-Quds Al-Arab
Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por Cristina Portales

Egipto es como un volcán a punto de estallar y arrojar lava por todas partes. Hay dos eventos importantes que tienen que ser tomados en cuenta: el anuncio del Comité Supremo [de las FFAA] sobre que las elecciones determinarán la identidad del próximo presidente y las condiciones de salud del depuesto presidente, Hosni Mubarak. Ambos están estrechamente relacionados y no se descarta que el anuncio de la muerte clínica del ex presidente sea una bomba de humo que oculte la sorpresa más peligrosa de todas: que ganó la elección presidencial Shafik Ahmed [ex ministro de Mubarak y candidato de los militares].

Los medios de comunicación egipcios, tanto oficiales como “independientes” establecen dos elementos esenciales: el primero, la “demonización de la Hermandad Musulmana y su candidato, Mohamed Morsi, intimidando [a la gente] y exagerando con su llegada a la presidencia y la repercusión en la economía, el estado de las libertades civiles y políticas y [su papel respecto a] los medios de comunicación. Los feroces ataques contra los Hermanos Musulmanes son respondidos por éstos de la misma forma, contra todos los que no están de acuerdo con su punto de vista, lo que crea una atmósfera de guerra y no de competencia democrática. El segundo, la campaña de rehabilitación del presidente Hosni Mubarak al mostrarle como un militar heroico en la guerra [contra Israel], publicando decenas de fotos como comandante de la Fuerza Aérea y dando la mano al fallecido presidente Gamal Abdel Nasser.

Esto es lo que refleja el Egipto de hoy, una práctica para manipular las elecciones en favor de su candidato. Pero lo que oímos es que los votos están parejos, que hay recursos de casación presentados por el equipo de Shafiq e indicadores de la aceptación potencial del Consejo Militar de las Fuerzas Armadas. Es él quien tiene todos los recursos [en sus manos] para decidir quién es el presidente de Egipto y de su futuro, pues tiene, además, el Tribunal Constitucional y la justificación legal para ese contexto.

Nunca antes en la historia, nueva o vieja, tanto en democracias maduras como emergentes, hemos escuchado o leído algo parecido a este asunto del “añadido” constitucional [se refiere a la anulación de las elecciones parlamentarias y al papel de los elegidos para la Asamblea Constituyente]. Todo esto no tiene precedentes ni en el derecho constitucional árabe ni en el extranjero. El poder legislativo y la mayor parte del ejecutivo se encuentran ahora en manos de la Junta Militar, incluyendo el arresto de los ciudadanos y su enjuiciamiento por tribunales militares, lo que significa volver al estado de emergencia y la ley marcial antes del anuncio del nuevo presidente y antes de las elecciones parlamentarias.

En la opinión de los expertos jurídicos, ha habido fraude y violación de la ley con la disolución del Parlamento, además de ser un costo para el tesoro de Egipto, ya en grave anemia financiera. Pero hay otros que están a favor de esto y hacen hincapié en la importancia de respetar las disposiciones de la judicatura no sólo para preservar la democracia, sino para proteger a otras instituciones del Estado del colapso.

No se puede olvidar el tema más importante: queda en manos de la Junta Militar la decisión sobre la guerra, privando de este derecho al presidente electo, lo que es un paso para tranquilizar a EEUU e Israel. Estos dos países no saben muy bien qué haría Morsi, ni su rival Shafiq, en virtud de las difíciles condiciones económicas. El Consejo Militar justifica esta decisión para mantener la estructura del estado civil y sus instituciones, evitando el establecimiento de un estado religioso. Pero esto no puede convencer a nadie y recuerda el modelo de Argelia.

No se puede predecir qué pasará después de estos movimientos, ni si muere Mubarak o la identidad del nuevo presidente. Pero sí se puede predecir que la explosión es inminente porque no hay un plan para contrarrestar a los militares. El general Omar Suleiman, el más oscuro jugador [fue jefe del servicio secreto con Mubarak] ya dijo que los islamistas no gobernarán en Egipto, incluso si ello conducía a un golpe militar. El golpe se ha dado poco a poco, cuidadosamente medido, y cuando se hagan más claras las imágenes en todos sus detalles esperaremos lo peor, y lo digo con amargura. La luz que derramó la plaza de Tahrir está todavía muy lejos.

Elecciones bajo anestesia general: El orden reina en Argelia


Elecciones bajo anestesia general: El orden reina en Argelia
 por CEPRID
Marco Rizzardini y Acacio Puig

A nuestro amigo Abdennour Ali Yahia, presidente de honor de la LADDH (Liga argelina para la defensa de los derechos humanos), militante clandestino desde 1945 y diez años más tarde del FLN. Miembro fundador de la UGTA, ministro de obras públicas y agricultura entre 1965 y 1968. Fundador de la LADDH en 1989 y después impulsor del Acuerdo de Roma. En 2011 durante la Primavera Árabe, ha sido uno de los firmantes del llamamiento de la Coordinación nacional por el Cambio y la Democracia en Argelia.

Las elecciones legislativas celebradas el pasado 10 de mayo en Argelia contaron con el pleno aval de la comunidad internacional. Los grandes medios de comunicación se ocuparon de ellas lo justo, quizá porque cuando el orden policiaco garantiza la fluidez del negocio, todo lo demás sobra. Así, desde la Liga Árabe al Reino Unido, de Qatar a Nicaragua y del Departamento de Estado estadounidense a la Comisión Internacional de Vigilancia de la UE, las manifestaciones de satisfacción y felicitaciones institucionales aportan su peonada al blanqueo de un edificio en el que, sin embargo, algo huele a podrido.

El régimen, que sostiene férreamente las riendas de un paso de tortuga hacia el deshielo político, ha promovido la participación electoral espoleando a fondo tanto los sentimientos patriótico-nacionalistas como religiosos de la ciudadanía. El Ministerio de Asuntos Religiosos llegó incluso a proferir amenazas de sonoridad coránica contra el abstencionismo, mientras Abdelaziz Bouteflika, presidente de la república y muy implicado en la campaña del FLN (Frente de Liberación Nacional) retomaba el repertorio heredado de la guerra de liberación para cultivar el alarmismo frente a la amenaza extranjera, el patriotismo del hincha con “Argelia primero” y la desconexión de las demandas expresadas por las revueltas populares árabes mediante la glosa de “nuestra primavera es Argelia”. Sin embargo, la tendencia abstencionista de la mayoría de la población no se ha invertido y ni siquiera los datos oficiales –ampliamente cuestionados por la calle y las minorías del nuevo parlamento- logran desmentirla. Si el gobierno sitúa la participación en torno a un 42% (apenas un 6.4% más respecto a las legislativas de 2007), sus propios datos sobre un censo de 21.645.841 electores y poniendo en valor los 1.800.000 votos nulos, resultan ser “un auténtico bofetón a su propio juego” (Declich, 2012). El 57% de abstenciones y el plus de voto nulo revelan la densa corriente de rechazo a un modelo que en lo político arrastra la prolongada crisis de una legitimidad revolucionaria conquistada hace 50 años, pronto degradada por la militarización que parasitó al FLN como partido único y apuntillada por el golpe de estado que en 1991, liquidó la victoria electoral del islam político representado por el FIS (Frente Islámico de Salvación) y abrió paso a décadas de estado de excepción.

En aquel entonces la gestión militar de la derrota política del FLN, dio paso la llamada política erradicadora, varada en la sangrienta guerra sucia entre ejército (de uniforme y de paisano) y diversos maquis. Política de guerra de la que fue rehén la mayoría social, las libertades y derechos, colapsando la imprescindible política alternativa de desarrollo y redistribución de renta (VV. AA., 1999)

Abstención, boicot y nuevo parlamento

Si el régimen sitúa la participación en el 42%, son centenares los bloggers que, desde la observación en distintas wilayas, apuntan al 20%, trasladando su opinión a los correos de periódicos como El Watan, La Tribune o Le Soir. Quizá un promedio sea más fiel a los hechos. Lo evidente es que sectores muy importantes de población están al margen de la política de excepción que excluye al islamismo contestatario del FIS (Denaud, 1997) (que por cierto llamó al boicot), o simplemente se cura de las viejas heridas y el miedo esparcido durante la década de los 90 por un programa calificable como terrorismo de estado.

Población que ha sufrido en carne propia el estado de emergencia mantenido hasta febrero de 2011 y la disolución de cualquier tentativa de repercusión en Argelia de la Primavera Árabe. Las primeras imágenes televisadas, nos permitieron reconocer entre los manifestantes a un zarandeado Abdennour Ali Yahia, tan militante como lo ha sido durante su ya larga vida, bajando a la Plaza junto a la Coordinación por el Cambio y la Democracia. Este año, durante el período anterior las elecciones, la suspensión de derechos y detenciones han sido denunciadas por Human Rights Watch en el informe del 11 de mayo de 2012. Como de costumbre, las denuncias de anomalías y fraudes, provienen de corrientes políticas ubicadas en polos de un amplio espectro, pero minoritarias y especialmente castigadas electoralmente por esas irregularidades. Así, el diario al-Youm denunciaba que provincias como Tinduf, la más desértica y aislada del país, registraba una insólita participación del 83.15%, presumiblemente nutrida en los campos de refugiados saharauis, mientras que en otras provincias situadas más al sur, como Djanet y Tamanrasset, la ausencia de controles favoreció el voto cautivo de la inmigración procedente del África Subsahariana (Adnkronos, 12/05/2012).

Otros medios como La Tribune y El Watan (en ambos casos, 13/05/2012) registraron las denuncias de Mahamud Rachidi, secretario general del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) que desvelaba las “gigantescas proporciones del voto por poderes” (por delegación), ejemplificando la denuncia en el escándalo registrado en la localidad de Lagouhat (al sur del Atlas), donde la negativa de los electores militares a todo control sobre los votos que depositaban en nombre de otros, obligó a suspender el proceso electoral durante varias horas en el colegio electoral número 15. En sentido más general, el PST denunciaba en esos medios los obstáculos puestos a las comisiones de control y observadores de los partidos (con funciones similares a las de procuradores y apoderados aquí), el recurso a la violencia contra candidatos y observadores nacionales y su absoluta desconfianza respecto a la labor de los observadores internacionales.

El descontento ante la manipulación de resultados generó el pasado 21 de mayo la convocatoria por el Frente por la Justicia y el Desarrollo (7 diputados) de un Frente Político por la Democracia, orientado al boicot de los trabajos del nuevo parlamento (APN- Asamblea Popular Argelina); aunque el rechazo a participar en el mismo frente, hecho público por los partidos más fuertes de la oposición, el FFS (Frente de Fuerzas Socialistas, 21 diputados) y el PT (Partido de los Trabajadores, 17 diputados), mina su credibilidad e iniciativa. En cualquier caso, a pesar de la escasa participación e irregularidades registradas, es forzoso retomar los resultados de las formaciones políticas que, aceptando el marco electoral propuesto, resolvieron hacer campaña por motivos diversos: en unos casos renovar mayoría, en otros, ampliar el espacio de debate social, oxigenar el ámbito parlamentario introduciendo la diversidad posible, incluso sanear tesorería y aparato mediante el cobro de los salarios institucionales correspondientes, o simplemente medrar a la sombra del poder real… aún a costa de nutrir consensos, corruptelas e inmovilismos.

Es también importante subrayar el espejismo democrático que fomentó la reforma electoral y la eclosión de 54 partidos que se presentaron a las elecciones legislativas: 21 nuevas agrupaciones habían recibido vía libre para concurrir, ilustrando así una supuesta democracia plena. Las 893 listas de nuevos candidatos y las 900 más presentadas por los sujetos autorizados por el viejo derecho crecieron con las listas de independientes hasta un total de 2.053 listas registradas por los servicios de las wilayas. Sin embargo, lejos de garantizar la representación de la diversidad y la modificación democrática de la ley electoral, la apertura, desmedida y maquiavélica, ha supuesto una inmensa fragmentación de los votos emitidos, el mantenimiento en la ilegalidad del FIS y abundancia de trabas de las que se han beneficiado los dos partidos que realmente gobiernan.

“Nueva mayoría presidencial”

La nueva configuración de la Asamblea Popular (APN) debe pues circunscribirse a ese conjunto electoral que representa, en el mejor de los casos, a un 40% de votantes (de los que insistimos, además un 17% votó nulo). Socialmente es muy poco pero para el núcleo de la clase política resulta suficiente. Parece que la nueva mayoría presidencial está enormemente satisfecha. El FLN y el RND (Agrupamiento Nacional Democrático) consolidan mayoría, con 85 y 9 parlamentarios más que en 2007 y grupos de 221 y 70 respectivamente. La Alianza Verde, que perdió 12 escaños y logra solo 47, se sitúa pues en la oposición. Lo esencial sigue siendo recordar que su espinazo político más antiguo, el partido MSP-Hamas no solo formó parte de la anterior mayoría presidencial vertebrada en torno a Bouteflika, sino que desde la década de los 90 había formado parte de la oposición leal que apoyó al general Liamín Zéroual, presidente cooptado en 1995 por el Alto Comité de Seguridad.

Las responsabilidades contraídas entonces por Hamas con la democracia vigilada implementada desde la presidencia y su partido el RND, las responsabilidades de Hamas con la política de “aterrorizar al terrorismo” tienen tan larga trayectoria que excluían cualquier hipótesis razonada de una victoria “a la tunecina” protagonizada por los islamistas de estado en Argelia agrupados en la Alianza Verde. En ese sentido, la satisfacción de García-Margallo, nuestro ministro de Exteriores democristiano, (“gracias a Dios no se ha producido el importante ascenso previsto de las fuerzas islamistas”) se antoja tan poco ecuménica como documentada (www.europapress.es 14/05/2012).

Si el FLN y el RCD constituyen las dos facciones complementarias que representan el complejo energético-militar y se disponen al juego de la alternancia sin riesgos, la nueva presencia parlamentaria del FFS no parece que aporte novedades a los lineamientos tradicionales propios de la socialdemocracia cuando se encuentra en la oposición. En cuanto a las organizaciones de matriz marxista, el campo parlamentario lo ocupa el PT (Partido de los Trabajadores) que ha mantenido 17 escaños de los 26 con que contaba desde las legislativas de 2007. Con origen en el clandestino Comité de Enlace de los Trotskistas Argelinos (1965) fue legalizado en1990. El PT sorteó los años de plomo combinando la actividad sindical frente a las políticas de ajuste dictadas por el FMI y la política de defensa de una solución pacífica a la crisis mediante el diálogo con los movimientos islamistas.

Sin embargo, durante el inicio de la primavera árabe, el PT hizo gala de un pragmatismo posibilista de perfil bajo y esencialmente apegado a la conflictividad laboral en Argelia y al flanqueo de la histórica pero muy cuestionada burocracia de la central sindical UGTA. Organizaciones menores como el ya citado PST (con vínculos con el NPA francés) han obtenido el mismo respaldo electoral– muy poco significativo- que el histórico Ettahadi, (ya ex-PC) que pierde aceleradamente espacio sociopolítico. Las organizaciones que aspiran a representar el nacionalismo bereber se encuentran en franca decadencia desde la crisis que asoló la Kabilia en 2001, la llamada “primavera negra”. Una movilización popular de base asamblearia, estructurada mediante comités populares que, a juicio de sus más lúcidos protagonistas constituyó “una alternativa social al estado argelino, hasta la división generada con la aceptación por parte de sus dirigentes de la negociación y colaboración (…) y la pérdida de su carácter transformador”: 167 personas resultaron entonces asesinadas por el ejército y policía. Los datos oficiales cifran la participación en la Kabilia en un máximo del 25% en tanto que la casta política local contribuye a dislocar la situación. Si el RCD (Alianza por la Cultura y la Democracia) optó por el boicot, es dudoso que la ciudadanía olvide la triste historia erradicadora de su líder, el liberal Said Sadi, que durante los 90 se implicó en una prolongada justificación del golpe contra el FIS y en la suspensión de libertades por medio de los sucesivos estados de emergencia nacional… una pésima herencia para defender los derechos democráticos de la nación bereber.

En el mismo sentido, la reciente visita a Israel de Ferhat Mehenni, líder del MAK (Movimiento por la Autonomía de la Kabilia) y sus entusiastas declaraciones hacia Israel “como país libre y democrático”, su mantenerse al margen “como nacionalista bereber del conflicto israelí-árabe” subrayan la incapacidad de las actuales direcciones políticas locales para defender los derechos de naciones sin estado, dada la ausencia de escrúpulos en el aval de la ocupación colonial de Palestina (Oumma.com, 27-05-2012).

La Revolución devorada por el gas

A fines de los años 90, un afable Ahmed Ben Bella bromeaba en una cafetería madrileña: “nuestro gran problema es el petróleo y el gas”…para después extenderse con entusiasmo sobre las riquezas naturales de Argelia. Bosques, recursos agrícolas y mineros, incluso los desiertos saharianos le llevaban a fantasear sobre sus inmensas posibilidades como fuente de energías renovables. El recientemente fallecido Ben Bella, que entonces acompañó activamente la extensión internacional del Acuerdo de Roma y por tanto la Campaña por la Paz en Argelia que se desarrollaba aquí, concluyó con sorna: “¡tanto hidrocarburo…nos malea!”. Sin pretender analizar el vertiginoso deslizamiento de la República Argelina (“democrática y popular” hasta 1989) hacia el monocultivo energético, recordaremos el arranque de una revolución en la que campesinos y obreros agrícolas fueron punta de lanza de la ocupación, expropiación de propiedades coloniales y explotación colectiva de tierras en régimen de autogestión (Mandel, 1974).

Más tarde, los decretos de 1962 y 1963 del primer gobierno presidido por Ben Bella dieron entidad legal a los Comités de Gestión (en la agricultura, artesanía, minería e industria). Con ellos, la autogestión se asentaba –por algunos años - como pilar del nuevo socialismo argelino. El posterior Código de Inversiones apuntaría los lineamientos para solventar la ausencia de estructura financiera. Tras el golpe de estado de 1965, el gobierno presidido por el coronel Boumedian se orientó hacia la planificación integral de una triple revolución: industrial, agraria y cultural. Años después, Paul Balta escribiría: “la primera dotó al país de una importante infraestructura, a pesar de sus lagunas. La segunda ha fracasado. La tercera, resultó ser muy superficial”. Muerto Boumedian en 1978, las presidencias militares de la república ilustrarán una transición conservadora en la que el rol vertebral del ejército y seguridad militar impregnan la vida política y económica de Argelia. Bendjedid, entronizado en 1979, adecuará diez años más tarde la Constitución al nuevo desorden mundial y junto a un pluralismo de corto aliento, eliminará toda referencia socializante para abrir puertas al liberalismo económico.

La penetración de las políticas de ajuste estructural dictaminadas por el FMI serían paralelas al clima de terror posterior al golpe que en 1991 trocó elecciones legislativas por estado de guerra y dos años después el mismo Bendjedid fue forzado a dimitir y sustituido por un nuevo general-presidente: Liamín Zéroual. El diario francés Le Monde (16/11/1995) sintetizaba así la situación: La Argelia que se emplaza bajo la tutela del FMI es un país enfermo. Entre 1989 y 1994 el PIB por habitante ha caído de 2279 a 1534 dólares. El déficit del tesoro ha pasado del 1.2% al 8.1% del PIB mientras el paro adquiere proporciones dramáticas: un cuarto de la población activa se encuentra sin empleo. Desde entonces, el país sigue aplicadamente los preceptos del FMI. Los precios son libres, el dinar ha sido devaluado más del 50%...la privatización de empresas públicas se intensifica, el comercio exterior se ha liberalizado y las compañías extranjeras son las bienvenidas al Sahara.

El año 1999 dio paso a un político de la vieja guardia (militante del FLN desde 1956, ministro con Ben Bella y artífice con Boumedian del liderazgo argelino en el Movimiento de Países No Alineados), astuto y hábil negociador, con capacidad de arbitraje en conflictos africanos. Impulsor de la sonada amnistía que en el año 2000 sacó de la cárcel a los militantes del AIS (Ejército Islámico de Salvación) al tiempo que eximía de cualquier responsabilidad a militares y seguridad militar implicados en la década de guerra sucia. Abdelaziz Bouteflika, el nuevo candidato “independiente” apoyado por el FLN y RND conserva la presidencia desde hace 13 años. A grandes rasgos, Bouteflika aparece como el racionalizador de la macroeconomía argelina dentro de las coordenadas propias del capitalismo. Gestor de la disminución de la deuda externa durante el último sexenio y artífice del cierre de acuerdos bilaterales con los 17 países acreedores, ha conseguido que el coste del servicio de la deuda se haya reducido a menos del 1,5% del valor de las exportaciones, mientras que el stock de la deuda es constante, alrededor del 3% del PIB desde el año 2009. La ingente exportación de hidrocarburos (que representan más del 97% de los ingresos por exportaciones) garantiza el saldo activo de la balanza comercial y la renta per cápita crece a un 3% anual, acercándose a los 8000 dólares. La clientela energética está encabezada por Estados Unidos que absorbe el 24% de exportaciones, seguido por Italia (11.28%) y España (10.61%).

Por el contrario, las importaciones argelinas siguen creciendo en bienes industriales, productos semifacturados, alimentación y agricultura, dependiendo de una escala de proveedores encabezada por Francia, China, Italia y España /1. Buen número de las medidas proteccionistas tomadas bajo la presidencia de Bouteflika resultan tan del agrado de la jerarquía político-militar-económica argelina como rechazadas por el FMI y el Banco Mundial. La preocupación fundamental de los últimos abunda en la insuficiente protección de los inversores extranjeros y esencialmente en la Ley de Finanzas Complementarias de 2009 “que limita la inversión extranjera al 49% del capital social de las nuevas empresas, o la más reciente de ampliar la ventaja de las empresas locales en las compras públicas hasta el 25%”. Las presiones del Banco Mundial sobre la urgencia de una integración magrebí que instituya una zona de librecambio para un mercado potencialmente común de 900 millones de consumidores, adquiere, en el fragor de la crisis, dimensiones de amenaza. Proponen una UMA a su medida. El sistema argelino, obnubilado por la excelente marcha de la locomotora energética, se resigna a renegociar mejores condiciones de explotación mixta de los sectores no estratégicos (todos, excepto los hidrocarburos) y a perpetuar las importaciones por un largo período (incluidas las de armamento, de las que el principal proveedor sigue siendo Estados Unidos).

Especialmente grave por sus consecuencias sociales resulta la pérdida acelerada de cualquier horizonte de soberanía alimentaria: “Los productos agrícolas de Argelia representaban más de un tercio de las exportaciones en el curso de los primeros años de la independencia (1963-1966) hoy el país es uno de los grandes importadores de alimentos a escala africana, con una facturación negativa de 8.000 millones de dólares en 2008. En la década de los 60 la agricultura representaba el 20% del PIB y el 33% de las exportaciones, ocupando a más del 33% de la población activa. La superficie agrícola útil se ha reducido un 60% en treinta años y solo ocupa al 23% de la población activa” (Bernadini, 2009). Volcada Argelia en el lucrativo negocio de servir petróleo y gas, la agricultura (y ganadería) del país que fue “granero de Europa” ha sido abandonada a su suerte. La dinámica autogestionaria, tachada de incompetente e ineficaz, fue intervenida a partir de 1969 por el Ministerio de Agricultura y sus técnicos. Sin embargo, los ensayos de estatalización a partir de 1971 (la llamada “revolución agraria”) fueron un fracaso.

En 2006 el gobierno argelino empezó a aplicar nuevas Políticas de Renovación Rural (PRR), con el objetivo de relanzar la economía rural y reducir las diferencias existentes con el mundo urbano, mediante créditos y facilidades financieras. Incorporándola, pues, al “mercado”. Aproximadamente unos veinte millones de personas (el 55% de la población de Argelia) viven en zonas rurales. De de ellas, el 30% tiene menos de 30 años: los pueblos están llenos de jóvenes que emigran cuando el trabajo escasea. Actualmente, el sector agrícola ocupa a unos 2.000.000 de trabajadores. Los agricultores que trabajan en las explotaciones agrícolas pueden ser dueños de la tierra en solitario o asociarse con algún vecino. Existe la figura del jornalero/temporero, sobre todo en las zonas de recolección del sur.

La ley n87-19 de diciembre de 1987 fija la forma de explotación de tierras agrícolas así como los derechos y obligaciones de los productores y define al productor como “usufructuario” del terreno estatal. Poco más de 5 millones de hectáreas de cultivo de regadío (10%) y resto de secano, segmentadas en explotaciones pequeñas (una media de 4 hectáreas), escasamente mecanizadas y amenazadas por la desertificación. La ganadería (más familiar que extensiva) no supera los 20 millones de cabezas y cuenta con importantes carencias infraestructurales y veterinarias. El actual programa de inversiones públicas 2010-2014 (con una inversión prevista de 212.140 millones de euros) resulta ser fundamentalmente un programa urbano y para grandes infraestructuras en que la parte del león corresponde a ferrocarril, carreteras, puertos y vivienda. Al desarrollo específicamente agrario se le adjudican sólo 10.000 millones de euros, aunque se prevé el doble para embalses, depuradoras, trasvases…Nueve millones de hectáreas configuran el total de la SAU (superficie agraria útil), quedan por tanto grandes zonas abandonadas y sin explotar. En definitiva, las organizaciones locales e internacionales ocupadas en la dimensión estratégica de la Soberanía Alimentaria (los sindicatos agrarios, Vía Campesina, Slow Food…) tienen mucha tarea pendiente en Argelia.

Una población sin primavera, una juventud sin futuro

El informe PNUD del 2011 situaba el índice de desarrollo humano de Argelia en la posición 96 de los 187 países comparados, por encima de la media regional, algo por debajo de la media de Estados árabes y también de la media mundial. El periódico oficialista El Moudjahid, enfatizaba el 13 de febrero del mismo año el posicionamiento de Argelia por encima de la media de los países árabes y de la media mundial, obligándose sin embargo a añadir que “según algunos expertos, el impacto de las transferencias universales es poco perceptible por la ciudadanía”. Curiosamente los indicadores de Desigualdad y Pobreza, el PNUD no los valora por n.d. (falta de datos). Los datos de desempleo proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS-Argelina) se congelaron artificialmente en el 10% en diciembre de 2010... (¡Sic!)

Abundando en la escasa percepción ciudadana del impacto de las transferencias universales y sorteando el blindaje mediático internacional de que se beneficia el poder argelino, retomamos los datos que Óscar Chaves presentaba en Diagonal de febrero 2012. “El precio de alimentos básicos como el aceite, la harina y el azúcar ha aumentado entre un 30% y un 40%. El gobierno argelino sitúa las cifras de paro en el 11.3%, aunque otras fuentes lo elevan hasta el 25%. El salario mínimo se ha mantenido en 130 euros al mes” (Diagonal, 142, p. 8). Ni siquiera esa cifra de paro está ajustada al crecimiento de población en edad de trabajar, ni parece contemplar la tan escasa incorporación de la mujer al mercado laboral.

El crecimiento de las desigualdades ya históricas profundiza la fractura social y la exclusión. Las inmensas riquezas obtenidas de la venta de petróleo y gas siguen sin ser invertidas para garantizar el bienestar de la mayoría de los habitantes. La mayoría de la población, (las estadísticas y sus promedios lo ocultan) está cada vez más empobrecida. La malnutrición gana terreno y la degradación general de las condiciones de vida se conjuga con la lógica mercantil para determinar también el deterioro de la salud de la población. Asolan de nuevo enfermedades como la tuberculosis y la difteria que habían sido prácticamente erradicadas durante la década de los 70 y, junto a graves carencias en vacunación infantil, se amasan stocks de productos inútiles, destinados a caducar, impuestos por las multinacionales farmacéuticas, como ocurrió con las vacunas contra la gripe A.

Si el campo sigue inmerso en dificultades, porque resulta más barato importar alimentos que producirlos, en las ciudades sigue hacinándose una gran masa desorganizada y despolitizada que oscila entre la apatía y la explosión de rabia. Y es en las grandes ciudades donde las desigualdades e injusticias sociales están más exacerbadas, no porque la crisis que golpea el conjunto sea allí más aguda, sino porque las solidaridades comunitarias han salido peor paradas y se deterioran hace décadas. Pero es también cierto que allí la población descubre, más que en otras partes, nuevos tipos de solidaridades, nuevas formas de lucha y de contestación (sindicatos independientes y huelgas, asociaciones, nuevos partidos, “saltos” de calle, o renueva las redes religiosas de apoyo mutuo…) aunque, como ya ocurrió durante el inicio de las revueltas magrebíes, en Argelia, la combinación de represión, censura y zanahoria, las dejó en stand by. Las perspectivas de empleo en el sector público se han reducido dramáticamente (¡menos estado!) y en el sector privado permanecen muy limitadas. Las relativamente abundantes inversiones extranjeras han creado pocos puestos de trabajo puesto que han sido dirigidas en su mayor parte a sectores de alta concentración de capital. La precariedad y el trabajo informal acompañan al trabendo como forma tradicional de ir saliendo adelante hasta emigrar o reventar.

En cuanto a la nueva situación del sindicalismo argelino, a partir del reconocimiento del pluralismo sindical (1990) hasta entonces el único sindicato tolerado había sido la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA) los sindicatos independientes se iniciaron en el sector público. Sin embargo, hasta hace muy pocos meses su margen de acción ha sido muy limitado. Tras las protestas del pasado 2011, la actitud del gobierno de cara a los sindicatos independientes oscila entre el menosprecio y la hostilidad de modo que a pesar de la abolición del estado de excepción el 24 de febrero de 2011 y las apresuradas medidas de reforma tomadas por Bouteflika tras las protesta de enero, los actos de represión e intimidación contra los representantes de los nuevos sindicatos se han intensificado y recrudecido hasta casi el inicio de la campaña electoral. Todos los informes apuntan a que los derechos sindicales de la clase obrera siguen siendo completamente ignorados en el sector privado y sobre todo en las multinacionales ocupadas en los hidrocarburos en el sur del país.

Concluyendo

Ante tantas limitaciones y tantas posibilidades en un país que por su historia, extensión y riqueza constituye una potencia norteafricana ¿no es hora de retomar el internacionalismo preciso y contundente de las y los de abajo? Los de arriba llevan doscientos años en ello.







Declaración de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y Libre Determinación

Declaración de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y Libre Determinación
 por CEPRID

Los Pueblos Indígenas de todas las regiones del mundo nos reunimos en la "Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación", de 17 de junio - 19 de 2012 en el Museo de la República, Río de Janeiro, Brasil.

Damos las gracias a los Pueblos Indígenas de Brasil por darnos la bienvenida y expresamos nuestra solidaridad con sus luchas impuestas por el desarrollo, como la represa de Belo Monte, que amenazan a sus territorios y formas de vida. También agradecemos a los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo por sus actividades de preparación y su participación en este proceso.

Afirmamos con una sola voz que ya es hora de asumir las responsabilidades históricas para revertir siglos de depredación, contaminación, colonialismo, violación de los derechos y genocidio. Es hora de asumir las responsabilidades para con las generaciones futuras. Es el momento de elegir la vida.

1. La cultura como una dimensión fundamental del desarrollo sostenible Como Pueblos Indígenas, nuestros sistemas de creencias culturales fundamentales y cosmovisiones del mundo están basados en nuestras relaciones sagradas con la Madre Tierra que han sustentado nuestros pueblos a través del tiempo. Reconocemos las contribuciones y la participación de los titulares de conocimientos tradicionales, las mujeres y los jóvenes indígenas.

Nuestras culturas son formas de ser y de vivir con la naturaleza, que sustentan nuestros valores, opciones éticas y morales y nuestras acciones. La supervivencia de los pueblos indígenas se basa en el apoyo de nuestras culturas, que nos proporcionan lo material, social y la fuerza espiritual. Creemos que todas las sociedades deben fomentar una cultura de la sostenibilidad y que Río+20 debe poner de relieve la cultura, la moral y la ética como las dimensiones más fundamentales del desarrollo sostenible.

2. El ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y colectivos Vemos que la Madre Tierra y toda la vida se encuentran en una grave situación de peligro. Vemos que el actual modelo de desarrollo sostenible sigue avanzando en el camino del peligro. Los pueblos indígenas hemos experimentado los terribles efectos negativos de este enfoque. Estas amenazas se extienden a los pueblos en aislamiento voluntario.

El desarrollo sostenible solo puede realizarse a través de la plena vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. Los pueblos indígenas vemos el desarrollo sostenible y la autodeterminación como complementarios. Los avances en varios países han sido posibles en la medida en que los Estados han cumplido con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, mientras que los conflictos se han intensificado en donde los gobiernos han impuesto de arriba hacia abajo el desarrollo, ya sea con la etiqueta "sostenible", "pro-pobres" o "verde".

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la norma que debe aplicarse en la implementación del desarrollo sostenible en todos los niveles, incluido el respeto de la plena participación en la toma de decisiones y de nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todas las políticas, programas y proyectos que nos afectan.

3. El fortalecimiento de diversas economías locales y la ordenación territorial

Para los pueblos indígenas, la autodeterminación es la base del Buen Vivir / Vivir Bien, y esto se realiza a través de derechos seguros sobre la tierra y la ordenación territorial y la construcción comunitaria de economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sostenibles locales, la solidaridad comunitaria y son componentes críticos de la resiliencia de los ecosistemas. Vamos a seguir fortaleciendo y defendiendo nuestras economías y el ejercicio de nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos, en contra de las industrias extractivas, las inversiones depredadoras, la apropiación de tierras, los reasentamientos forzados y los proyectos de desarrollo insostenibles. Estos incluyen las represas a gran escala, las plantaciones, la infraestructura a gran escala, la extracción de arenas de alquitrán y otros mega-proyectos, así como el robo y la apropiación de nuestra biodiversidad y conocimientos tradicionales.

De la Conferencia surgieron muchas respuestas para hacer frente a la crisis global, tan variadas como las diversas culturas presentes en la reunión. La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada, las cuales están íntimamente relacionadas y deben ser protegidas de la misma manera.

Los pueblos indígenas llamamos al mundo a volver al diálogo y la armonía con la Madre Tierra, y adoptar un nuevo paradigma de civilización basado en el Buen Vivir – Vivir Bien. En el espíritu de la humanidad y nuestra supervivencia colectiva, la dignidad y el bienestar, respetuosamente ofrecemos nuestros puntos de vista culturales del mundo como una base importante para renovar colectivamente nuestras relaciones con los otros y con la Madre Tierra y para garantizar Buen Vivir / Vivir Bien con integridad.

En base a estas afirmaciones y acuerdos, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones:

Dentro y entre las comunidades, pueblos y naciones indígenas

1) Vamos a definir y poner en práctica nuestras propias prioridades para el desarrollo económico, social y cultural y la protección del medio ambiente, sobre la base de nuestras culturas tradicionales, nuestros conocimientos y prácticas, y la aplicación de nuestro derecho inherente a la libre determinación.

2) Vamos a revitalizar, fortalecer y restaurar nuestras instituciones y métodos para la transmisión de nuestros conocimientos y prácticas tradicionales que se centran en la transmisión por nuestras mujeres y nuestros ancianos a las próximas generaciones.

3) Vamos a restablecer el intercambio de conocimientos y productos, incluidos los intercambios de semillas entre nuestras comunidades y pueblos en refuerzo de la integridad genética de nuestra biodiversidad.

4) Vamos a estar en firme solidaridad con todas luchas contra los proyectos que amenazan a nuestras tierras, bosques, aguas, prácticas culturales, soberanía alimentaria, medios de subsistencia tradicionales, ecosistemas, derechos y formas de vida. También en solidaridad con otros sectores sociales cuyos derechos están siendo violados, incluidos los campesinos, pescadores y pastores.

En las acciones frente a los Estados y las corporaciones:

1) Vamos a seguir rechazando el concepto del modelo neoliberal dominante y la práctica de desarrollo basada en la colonización, la mercantilización, la contaminación y la explotación del mundo natural, y las políticas y proyectos basados en este modelo.

2) Insistimos en que los Estados apliquen plenamente sus compromisos en virtud de las leyes nacionales e internacionales y las normas que defienden los derechos inherentes, inalienables, colectivos e intergeneracionales de los pueblos indígenas y los derechos afirmados en tratados, acuerdos y arreglos constructivos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

3) Vamos a rechazar y oponernos firmemente a las políticas de los Estados y los programas que repercuten negativamente en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, ecosistemas y medios de subsistencia, y a los permisos otorgados a las empresas o cualquier otro tercero para hacerlo.

En las Naciones Unidas

1) Insistir en la participación plena y efectiva en todos los debates y actividades de establecimiento de estándares en materia de desarrollo sostenible, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático y para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en todos estos procesos.

2) Vamos a llevar estos mensajes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI, 2014) y todos los otros procesos internacionales, donde nuestros derechos y la supervivencia se ven afectados. Proponemos que la visión y práctica de los Pueblos Indígenas del desarrollo sostenible sea un foco de discusión en la CMPI.

Nosotros adoptamos la presente Declaración el 19 de junio de 2012, en Río, afirmando nuestros derechos y reiterando nuestras sagradas responsabilidades con las generaciones futuras.

La Conferencia Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y Libre Determinación se realizó del 17 al 19 de junio, de manera paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20.

La economía verde viene con nombre y apellido: Poder Corporativo


La economía verde viene con nombre y apellido: Poder Corporativo
 por CEPRID
Elizabeth Peredo Beltrán

Un documento denominado Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero para Río + 20 y más allá) promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del Programa para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco de la Conferencia de las NNUU sobre Río + 20 en paralelo a los documentos emanados de la negociación y proponiendo una declaración a ser firmada por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones.

El documento que es fruto de 18 meses de preparación del sector financiero compromete a los signatarios a cuidar los recursos naturales en particular el agua y aunque esta presentado como una iniciativa sustentable, acompaña el lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones dando cuenta de una de las certezas que tenemos, pero que aún es poco visible en los debates entre los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y financiero. Los debates y negociaciones que allí se desarrollan están en su cancha. La declaración propuesta señala la ruta de los nuevos consensos que se están desarrollando entre los representantes del capital financiero y dice textualmente en su encabezado que se propone crear un “compromiso de la comunidad financiera (que parece sustituir ahora a la “comunidad internacional”) a reconocer y reafirmar la importancia del capital natural en el mantenimiento de una economía global sostenible” (ahora esta explícito que es la economía y no el medio ambiente la que debe ser sostenible).

Y no es casual: las 100 primeras economías mas grandes del mundo hoy son corporaciones transnacionales, no tienen banderas (tienen logos, slogans y mensajes de propaganda), no son democráticas (tienen dueño, directorio y funcionarios), no consultan a nadie para acomodarse hasta donde les alcancen las piernas y si pueden le sacan dinero a los países del sur y a los pueblos del norte para consolidarse o seguir acumulando capital (son dueñas del dinero, de los bancos, de las tierras, de la justicia, de la tecnología, de las maquinarias; tienen acuerdos de libre comercio a su favor, reglas de protección de inversiones y tribunales a su medida).

Según información proporcionada por el TNI y el Grupo ETC, 10 de las corporaciones más ricas son de energía; al menos 10 corporaciones más fuertes están vinculadas a la producción de alimentos, comercio del agua y concentran millones de hectáreas en el sur global; otras tantas tienen el monopolio de las patentes, y otras muy fuertes y poderosas están obsesionadas con la geoingeniería. Todas ellas presentes en el entorno de las Conferencias de la ONU para asegurar su situación de poder y conceder lo menos posible a la creación de mecanismos efectivos que se orienten a salir de la crisis.

Paralelos con la Cumbre del 92

Cuando en 1992 se hizo la Declaración de Río y se estableció la Agenda 21 fue con la finalidad de enfrentar la ya entonces preocupante devastación ambiental, las inequidades sociales y la pobreza. La ingenuidad de los pueblos y la maquinaria montada para marearlos nos hizo creer que la fórmula mágica del “desarrollo sostenible” combinando “economía, sociedad y medio ambiente” -bajo la directriz de “consumir lo suficiente para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones del futuro”-, sería suficiente para resolver los problemas planteados.

En paralelo, arrancaba el Consenso de Washington concebido pocos años antes (a finales de los 80s) y ya estaba en pleno apogeo la multiplicación de las instituciones, leyes, acuerdos, mecanismos financieros, sistemas de condicionalidades e ideologías –que no podían faltar-, para aprovechar de esta narrativa y asegurarse de que la fórmula “sin inversión privada no hay desarrollo” les permitiera tener todas las facilidades para lucrar a costa de la destrucción planetaria y la violación de los derechos humanos.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin limites ni conciencia de la interdependencia entre especies y con los ecosistemas, ignorar las fuerzas del mercado y el proceso de liberalización de la economía, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes sin atacar las causas estructurales del sistema.

Hoy estamos en una situación algo similar, sólo que aún más grave porque la crisis ecológica y financiera –que ellos mismos han provocado- opera como un fuerte justificativo para avalar una nueva maquinaria denominada “economía verde” o como quiera llamarse que pretende incorporar a la naturaleza en la fórmula para asegurar esta vez la “sostenibilidad de la economía global”.

Un sistema de lucro inédito

Según declaraciones de los impulsores de esta declaración que incluye a los “buenos” de la película porque accedieron a hablar del medio ambiente y sustentabilidad –uno de los signatarios es la Coca Cola Company- se pretende “hacer entender que "activos" como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un "capital fundamental" y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas”… “De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio…”.

Entonces hoy hablar de sostenibilidad podría equivaler a hablar de factibilidad o rentabilidad. Da lo mismo. Podríamos hasta decir que el mundo es 80% factible y rentable si se invierte en servicios ambientales de los bosques o las abejas y 20% factible si no se invierte en ellas. Podríamos hablar de los intereses y ganancias que se estarían perdiendo si no se cuantifica y declara el servicio que proporcionan nuestras montañas y paisajes cuanto antes. Podríamos imaginarnos que cualquier rato nos querrán demandar ante una corte si no cuidamos la belleza escénica de algún paraje en nuestro territorio. Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas disfrazando su afán de lucro, con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Las negociaciones y la vida real

Algunos países en el G 77 se han propuesto redefinir la economía verde y salvarla de un enfoque mercantilista, Brasil ha lanzado un documento de propuesta de declaración que permanece anclado en el concepto de “crecimiento económico sostenido” y que hace muchas concesiones a este nuevo modelo dejando atrás acuerdos que podrían ser sustanciales en regular a las corporaciones y limitar a los países desarrollados para recuperar las proporciones que exige el pago de la deuda ecológica e histórica; algunas corrientes de activistas se han concentrado en rechazarla y demonizarla para que las cumbres y las negociaciones concluyan con un rotundo “NO” a la economía verde. Pero la vida real está diseñada ya para que una vez terminada la semana de debates, negociaciones y reuniones paralelas tanto la cooperación para el desarrollo, la cooperación no gubernamental, los gobiernos nacionales, locales, los bancos, los mercados financieros, las corporaciones y las empresas, los países y las comunidades ingresarán de uno u otro modo a los escenarios preparados con oculta paciencia con el fuerte argumento de “salvar a la Madre Tierra” de la destrucción.

La tan mentada Madre Tierra que ahora ya tiene un lugar en el lenguaje del documento presentado por Brasil que reconoce que podría ser un sujeto de derechos es un gran avance pero no necesariamente significa que se los va a respetar. Aunque se aprobara no sería suficiente para parar a las transnacionales y el extractivismo base de muchas economías en el mundo y que en el documento se lo reconoce como un motor para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ni siquiera en Bolivia o Ecuador donde existen articulados al respecto han sido respetados y allí se persiste en la explotación minera e hidrocarburífera a costa de la madre tierra y la salud de la gente. Ni qué decir de los países desarrollados donde la explotación minera, la energía nuclear, o la explotación del carbón amenazan sus ecosistemas y la salud de la gente como el caso de las comunidades del valle de Ohio que viven la devastación y el envenenamiento por esta industria. EEUU por ejemplo (con razón no quiere firmar el Protocolo de Kyoto) depende en un 49% de la salvaje explotación del carbón para su energía, uno de los sistemas más contaminantes y destructivos del medio ambiente y la salud.

Ante una amenaza visible, una estrategia clara

Así como están las cosas sería quizá pertinente distinguir algunas estrategias de resistencia sabiendo que las negociaciones y los debates en las NNUU son apenas uno de los escenarios de esta problemática global, el más desgastado y ahora cooptado por el interés transnacional y la ideología del desarrollismo, se está convirtiendo peligrosamente en un lugar de palabras repetidas y vaciadas de contenido con altavoz. Una retórica difícil de asir y sobre todo de controlar desde la sociedad civil; sus resultados, cualquiera que fueran, serán pasibles de ser atrapados por el sistema de lucro. Un otro escenario mucho más relevante es el de la economía que nos lleva a considerar seriamente el poder las corporaciones con sus negocios y sus reglas en todas partes, un terreno muy concreto de acción que debe recoger la experiencia de innumerables luchas exitosas en parar el poder corporativo y que está llevando a resistir la explotación minera, la mercantilización del agua, de la salud, de la vida; al mismo tiempo este escenario incluye las economías no visibles que funcionan y dan vida a formas solidarias de organización social y que pocas veces son reivindicadas como caminos posibles para la restauración y resignificación de la economía y del tejido social. Un tercer ámbito es el de los imaginarios, de las subjetividades, la cultura y por tanto uno de los más importantes porque acompañan los hábitos sociales y pueden ser engranajes de una vida o de consumo o de cuidado, de violencia o solidaridad, de dominio y sumisión o de democracia y participación. En este terreno la construcción de relaciones equitativas entre géneros, entre etnicidades, intergeneracionales y diversas podría contribuir sustancial-mente a una relación más armónica con la naturaleza o al menos preparar la subjetividad para ello.

Los intereses que están detrás de la economía verde no son algo etéreo y no porque no se los explicite dejaran de existir en su esencia. La economía verde es el nuevo ropaje del poder corporativo, lleva su nombre inscrito con sangre de los pueblos en la frente y es allí donde la resistencia al nuevo modelo será más eficaz. No en los foros ni declaraciones, no en el resultado de la negociación, ni en los discursos de resistencia abstracta sino en la defensa de los territorios, del agua, de las semillas, de los servicios públicos, de la vida, de la economía solidaria, del reconocimiento al trabajo impago de las mujeres, en la resistencia a la minería extractivista e irresponsable, a las plantas nucleares, al lucro de las empresas con la energía y el agua, en defensa de los pueblos en el día a día.

La Economía verde viene con nombre y apellido: se llama Poder Transnacional y nos hemos mirado frente a frente, los hemos frenado algunas veces, les hemos obligado a retirarse. La indignación y la conciencia sobre el daño que causan existe y es inmensa en el mundo.

Es allí donde vamos a permanecer, pues nosotros y nosotras que no queremos convertirnos en sofisticados profetas del desastre, nos otorgamos el derecho también a redefinir la sustentabilidad como la tarea de resistir el modelo creando las bases de la justicia, equidad y cuidado, sentando bases éticas, principios de coherencia y ejemplos de consecuencia capaces de sembrar esperanza para nuestros hijos e hijas en el futuro.

Elizabeth Peredo Beltrán es directora de la Fundación Solón de Bolivia. El nombre recoge el legado del muralista boliviano Walter Solón Romero, que en sus obras denunciaba la injusticia, los atropellos y la pasividad social frente ellos.