Monitoreado y alentado desde hace tres años por la embajada de Estados Unidos en Asunción, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, tras un tragicómico simulacro de juicio político sumarísimo, revela que la oligarquía y el imperialismo jamás cesan de conspirar y actuar. La réplica paraguaya del modelo hondureño de sustitución de presidentes legítimos responde a los intereses geopolíticos de la Casa Blanca y el capital trasnacional. En particular, en el caso de Lugo, a los intereses del gran capital ligado a los agronegocios extractivistas. Verbigracia, Monsanto, Syngenta y Cargill, trasnacionales vinculadas al Grupo Zucolillo, cuyo principal accionista, Aldo Zucolillo, es director propietario del diario ABC Color y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Las manos del Comando Sur del Pentágono y del Departamento de Estado, en particular las más visibles de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés), aparecen por todos lados y exhiben una estructura subversiva regional, que más allá del debate ideológico y de ideas, transita por un esquema de enfrentamiento propio de la guerra sucia, las operaciones sicológicas encubiertas y el terrorismo mediático, destinado a debilitar a las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en particular Cuba, Venezuela y Bolivia, y del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyos principales objetivos a desestabilizar, después de embucharse al eslabón más débil, Paraguay, son Brasil y Argentina.
Mediante convenios condicionados, la Usaid controla en Paraguay a la fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Los recursos financieros de la Usaid también sirvieron para cooptar a algunos sectores del Frente Guazú, la coalición de izquierda que apoyó a Lugo. Mientras, el Pentágono, que arrancó a Lugo la aprobación de una Ley Antiterrorista, por conducto de la Iniciativa Zona Norte, logró desplegar tropas y civiles estadunidenses en la región oriental del país, en las narices de Brasil, como avance de tareas injerencistas que tienen como finalidad la ocupación territorial.
En la operítica restauración de la patria financiera por la stronista oligarquía latifundista, los poderes fácticos y la trasnacional Monsanto –que tiene como eje económico un larvado proceso de descampesinización–, jugaron un papel clave los embajadores de Estados Unidos en Asunción, James Cason y Liliana Ayalde. Antiguo jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana, Cuba, el conspirador Cason fue el encargado de alimentar los ánimos subversivos del vicepresidente Federico Franco, el ex general golpista Lino Oviedo y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos. Su sucesora en el cargo, Liliana Ayalde, completó la tarea.
La matanza de Curuguaty, que sirvió de excusa para derrocar a Lugo, tuvo como protagonista al Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la Policía Nacional, cuyos miembros de elite fueron entrenados para la lucha contrainsurgente por el Comando Sur en el contexto del Plan Colombia. El ex presidente Álvaro Uribe facilitó, además, la capacitación de los servicios de inteligencia del Paraguay con instructores del temible DAS, la policía política colombiana, cuyos mandos están hoy encarcelados. Según indicios, la muerte en una emboscada del jefe del GEO, comisario Erven Lovera, y de otros cinco agentes, en Curuguaty, que llevó al asesinato de 11 campesinos, sería parte de un sabotaje interno de cuadros de inteligencia de la Policía Nacional, penetrada y controlada por Estados Unidos.
La conformación de un frente anti-Alba y anti Mercosur por Estados Unidos, tiene como bastiones y plataformas injerencistas subregionales a Colombia y nuestro país. Bajo los gobiernos conservadores de Vicente Fox y Felipe Calderón, Washington convirtió a México en una plataforma de la derecha regional para sus acciones subversivas y desestabilizadoras contra Cuba y Venezuela. Mediante la Usaid y su telaraña imperial –integrada entre otras por organizaciones de fachada como el Instituto Republicano Internacional, la Fundación Nacional para la Democracia (NED), la Freedom House y el Instituto Democrático Nacional–, la diplomacia de guerra estadunidense está canalizando millones de dólares para acciones subversivas contra países amigos, que llegan a México con la permisibilidad y sin la supervisión de las autoridades nacionales.
A finales del año pasado se celebraron sendas actividades anticubanas en el hotel Meliá Reforma del Distrito Federal: la presentación de un libro de Gabriel Salvia, de la ONG argentina Centro para el Desarrollo y la Apertura de América Latina (Cadal), financiada por la NED, y el foro Cambios en el proceso cubano, ambos con participación de organizaciones de la extrema derecha de Miami, como la Fundación Nacional Cubano Americana, el Directorio Democrático Cubano (DDC) y la menos conocida O-JEC, y con el copatrocinio financiero de las fundaciones alemanas Konrad Adenauer y Friedrich Naumann. Previo a la visita del papa Benedicto XVI a la isla, el DDC, organización financiada por la CIA, logró reclutar en México jóvenes turistas que regaron volantes en La Habana induciendo acciones de desobediencia civil y fueron expulsados por las autoridades cubanas.
Las leyes prohíben en México que los partidos políticos reciban financiamiento de gobiernos extranjeros. También se debería prohibir que organizaciones extranjeras radicadas en el territorio nacional reciban dinero del exterior para orquestar y financiar acciones contra la integridad territorial y política de otro país.
En víspera de la elección presidencial, las acciones subversivas de la Usaid que desembocaron en el golpe de Estado en Paraguay son un adelanto de lo que sucedería en México ante la eventualidad de una victoria del candidato progresista.
