jueves, 12 de julio de 2012
Chávez anunció la creación de 5 distritos motores de desarrollo en Anzoátegui
Chávez anunció la creación de 5 distritos motores de desarrollo en Anzoátegui
Durante una masiva concentración que se realizó este jueves en Anzoátegui, como parte de las actividades de campaña presidencial, el Candidato de la Patria anunció que los distritos impulsarán la industria petrolera, la agricultura, la pesca y el turismo
El candidato a la relección a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, instó a los gobernantes, alcaldes y al Poder Popular concretar la construcción del Socialismo para beneficiar al pueblo venezolano.
Durante un evento de la campaña presidencial, realizado en el estado Anzoátegui, Chávez precisó que se deben solucionar los problemas del pueblo y acelerar el paso del Capitalismo al Socialismo.
Para esto instruyó basarse en las leyes del Poder Popular, del Consejo Federal de Gobierno y de toda la arquitectura jurídica, que sirve de marco para las políticas de desarrollo integral.
DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO
Anunció la creación de 5 ó 6 Distritos Motores de Desarrollo en el estado oriental. Dos de éstos estarán al sur de Anzoátegui en los municipios colindantes con el Orinoco, que serían petroindustriales. Más hacia al norte, abarcando la Mesa de Guanipa, se crearían dos para el desarrollo agroindustrial y al norte, en la riveras del Caribe, se abrirían uno (o dos) distritos de desarrollo pesquero y turístico.
En dichos distritos se crearían las comunas, los parques industriales, y los proyectos de desarrollo.
“Este un ejemplo de como se concreta en lo local el proyecto nacional Simón Bolívar”, argumentó. Chávez también demandó a las autoridades regionales buscar solución a los problemas de todo el pueblo.
Durante un evento de la campaña presidencial, realizado en el estado Anzoátegui, Chávez precisó que se deben solucionar los problemas del pueblo y acelerar el paso del Capitalismo al Socialismo.
Para esto instruyó basarse en las leyes del Poder Popular, del Consejo Federal de Gobierno y de toda la arquitectura jurídica, que sirve de marco para las políticas de desarrollo integral.
DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO
Anunció la creación de 5 ó 6 Distritos Motores de Desarrollo en el estado oriental. Dos de éstos estarán al sur de Anzoátegui en los municipios colindantes con el Orinoco, que serían petroindustriales. Más hacia al norte, abarcando la Mesa de Guanipa, se crearían dos para el desarrollo agroindustrial y al norte, en la riveras del Caribe, se abrirían uno (o dos) distritos de desarrollo pesquero y turístico.
En dichos distritos se crearían las comunas, los parques industriales, y los proyectos de desarrollo.
“Este un ejemplo de como se concreta en lo local el proyecto nacional Simón Bolívar”, argumentó. Chávez también demandó a las autoridades regionales buscar solución a los problemas de todo el pueblo.
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LA COMUNA AL TANTO INTERNACIONAL
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Héctor salas
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JOSE CARMONA: UNIDO AL
MOVIMIENTO GUERRILLERO COMUNICACIONAL
UNIDAD
DEL PODER POPULAR
A LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES LES LLEGO EL MOMENTO DE ASUMIR EL EJERCICIO
DIRECTO DE LA SOBERANIA POLITICA
No debemos comernos
ese cuento del candidato bobo, porque detrás de esa triste figura
Se esconde el puño de
hierro imperial, encarnado en algún traidor local que se preste, llegado el
momento, a tratar de destruir nuestra Revolución.
Por esa razón, para
poder vivir y vencer tenemos que preparar y consolidar el futuro de nuestra
Revolución Bolivariana con mucha inteligencia y con mucha pasión.
Viviremos y venceremos
ONU: “Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos”
ONU: “Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos”
Darío Aranda
Darío Aranda
Buenas leyes que no se respetan, industrias extractivas que vulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a la Justicia. Radiografía de la situación indígena en Argentina, según Naciones Unidas.
Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.
Equilibrio diplomático
El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitó la Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Se entrevistó con comunidades de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa. El miércoles 11 de julio en la sede porteña de la ONU, Anaya brindó una videoconferencia desde Suiza en la que detalló la “versión avanzada no editada” del informe que elaboró luego de su visita y que tituló “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
En un lenguaje diplomático, Anaya leyó los aspectos principales del informe. En busca de equilibrio, comenzaba cada oración con un aspecto positivo para luego complementar con la situación negativa. “Argentina ha dado pasos importantes”, remarcó al inicio de su exposición, y precisó: la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (que introdujo el artículo 75, inciso 17, donde se explicitan los derechos de los Pueblos Indígenas), la ratificación del Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal), la sanción de la Ley 26.160 (que suspende los desalojos y ordena un relevamiento territorial) y el voto positivo en Naciones Unidas respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Pero persiste una brecha significativa entre las leyes y su aplicación real. El Estado debe priorizar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, implementar políticas públicas claras”, pidió.
El informe escrito (que será presentado en la Asamblea de la ONU en septiembre pero su versión avanzada está disponible en http://unsr.jamesanaya.org/esp/country-reports/the-situation-of-indigenous-peoples-in-argentina ) es más contundente que la exposición por videoconferencia. En la página 7, amplía: “Existe un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales en materia indígena. Sin embargo, se presentan una serie de problemas en relación con la implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con sus tierras y recursos naturales, el acceso a la justicia, la educación, la salud, y otros servicios básicos”.
Ante un auditorio de abogados, ONG, funcionarios de Cancillería, periodistas y pocos indígenas, Anaya destacó el “importante trabajo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, pero de inmediato compensó: “Pero requiere de mayor apoyo financiero y capacidad institucional para cumplir su trabajo con eficacia”. Y señaló su “preocupación” por la escasa participación indígenas en el INAI.
Celebró como un “avance importante” la sanción de la Ley 26160 (y su prórroga 26554). Pero de inmediato llamó al “gobierno nacional y las provincias a finalizar los relevamientos” catastrales y hacer efectivas las personerías jurídicas que deben entregarse a las comunidades. “Hay una alta incidencia de desalojos a indígenas, a pesar de la Ley 26160. Llamamos al gobierno nacional, a los provinciales y a los tribunales a que apliquen la ley y se tomen medidas inmediatas para evitar desalojos”, solicitó.
En la página 9 del escrito advierte un punto débil de la Ley 26160: el relevamiento “no incluye un procedimiento para la titulación de tierras indígenas”.
Más extractivas, menos derechos
Un apartado especial se lo lleva “industrias extractivas y agropecuarias”. Durante la conferencia, subrayó la necesidad de contar con la participación de las comunidades indígenas y aplicar la “consulta libre, previa e informada” que rige en la legislación respecto a cualquier acción o actividad que pudiera afectar a los pueblos indígenas. En los casos que ya se ha afectado a las comunidades (por ejemplo la actividad petrolera en Neuquén), llamó a abordar la mitigación y remediación.
El escrito, en este punto, vuelve a ser más contundente que la videoconferencia: “Relacionado con la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras”. Recuerda que el país tiene una “larga historia” de extracción de recursos naturales, pero señala la década del 90 como un punto de inflexión debido a la “liberalización de leyes que regulan estas industrias”. Y precisa: “El otorgamiento de concesiones por parte de las provincias ha aumentado considerablemente en la última década”.
Toma como referencia la situación de las Salinas Grandes, de Salta y Jujuy, donde los gobiernos provinciales impulsan la explotación de litio, a pesar del rechazo de numerosas comunidades kollas y atacama. Y señala los pasivos ambientales de extractivas: la comunidad mapuche Kaxipayiñ (región de Loma de Lata, Neuquén). “El Relator Especial pudo constatar indicios de contaminación por actividades petroleras (…) En noviembre de 2011, la empresa Repsol YPF anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas y petróleo en la región de Loma de Lata, fomentando nuevas preocupaciones sobre la explotación de petróleo en la zona, especialmente por el método de extracción particularmente riesgoso que supuestamente utilizará: la fractura hidráulica (gas no convencional)”, advierte la ONU.
Y destaca dos casos donde la contaminación, y sus consecuencias en las personas, no han sido tratados. “La comunidad de Pan de Azúcar, provincia de Jujuy, sigue sufriendo los impactos de los efectos de la contaminación dejada por una mina de plomo, plata y zinc que dejó de operar en el año 1989”, precisa. Y también describe el caso de la localidad de Abra Pampa (Jujuy), epicentro de la contaminación con plomo por la planta Metal Huasi.
Quizá el segmento más contundente, no leído durante la videoconferencia, se encuentra en la página 10 del informe, párrafo 38: “Los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas existentes en Argentina han afectado a un conjunto de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras y recursos naturales, así como sus derechos a la alimentación, la salud, y el desarrollo”.
Anaya llamó a “concientizar” a las empresas, pero sobre todo a que “el Estado debe controlar al sector privado, a las empresas que extraen recursos (naturales). Si eso no sucede, no hay respeto pleno para con los pueblos indígenas”.
Modelo agropecuario
“El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas”, afirma el escrito de la ONU. Explica que numerosas familias indígenas fueron desalojadas de las zonas rurales y fueron obligadas a migrar a ciudades cercanas “viviendo a menudo en condiciones de extrema marginación y miseria”.
Recuerda que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que “se vea severamente limitados” el acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas. “Existen también efectos nocivos en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos”, denuncia.
Cita como caso emblemático, aunque no el único, el chaco salteño.
“Aunque el Gobierno ha dado algunos pasos importantes para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales, existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica generalizada respecto de estos derechos”.
El rol de los parques nacionales, áreas protegidas y declaraciones de la Unesco de Patrimonio de Humanidad (respecto a la Quebrada de Humahuaca) también fueron señalados por Anaya. “Los pueblos indígenas deben ser partícipes del manejo y beneficiarios económicos”, señaló.
Justicia vedada
El informe marca como una gran falencia la falta de acceso a la Justicia. “Los pueblos indígenas enfrentan varias barreras para acceder a la justicia, incluyendo barreras lingüísticas, culturales, económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y los recursos naturales”, denuncia Anaya en la página 13.
Reconoce que los tribunales de Argentina tienden a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena. ”La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación”, señala.
“Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006”, advierte el escrito del Relator y lamenta que una “respuesta estatal” haya sido la criminalización de la protesta indígena. Incluso precisa que las represiones de la Policía permanecen impunes, pero los indígenas siguen procesados por “actos de protesta”.
Recuerda que los desalojos son una “especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país” y, por escrito, el Relator de la ONU hace un “llamado al Gobierno nacional, y especialmente a los gobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra y el espíritu de las leyes 26160 y 26554 y suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.
Casi al finalizar la videoconferencia, Anaya puntualizó un llamado de atención respecto al proyecto de reforma del Código Civil. “Es de preocupación la información respecto a la reforma del Código Civil”, alertó, fuera del lenguaje neutro de la diplomacia, pero de inmediato lo relativizó: “No lo he podido analizar en profundidad, debiera tener más información para opinar”.
El proyecto de ley, que no contó con participación indígena, fue duramente cuestionado por comunidades indígenas (http://odhpi.org/2012/05/reforma-del-codigo-civil-dura-critica-de-pueblos-indigenas/ ) y por organizaciones sociales (http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/ ) por vulnerar la legislación vigente.
Silencios
Cuando finalizó la exposición de Anaya, Felix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa) y presente en el auditorio, tomó la palabra: “Estamos preocupados porque estamos siendo avasallados por políticas estatales. Hay falta de voluntad de aplicar las leyes. Hay falta de avances concretos, hay falta de interés de las autoridades nacionales y provinciales”, denunció Díaz, mientras Anaya lo seguía por video-conferencia.
El 23 de noviembre de 2010, la comunidad fue reprimida por la policía provincial y asesinado el qom Roberto López. Le siguió un proceso de hostigamiento y continuas amenazas. La comunidad trajo el reclamo a Capital Federal. Acampó en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Logró una mesa de diálogo con el gobierno nacional, que –a más de un año de iniciada– no ha dado resultados concretos respecto a la demanda territorial ni de acabar con el hostigamiento (el 28 de junio último fue atacado, por una patota, el hijo de Díaz).
“¿Cuáles son los mecanismos para profundizar estas reclamos con la participación directa de los pueblos indígenas?”, preguntó Felix Díaz.
Anaya señaló que había hecho recomendaciones al Estado argentino para que dé respuestas a la situación y que esperaba hechos concretos. Los funcionarios del INAI, presentes en el auditorio, no esbozaron respuesta.
Elena Duro, de Unicef Argentina, afirmó que en los últimos meses hubo en Argentina “más violencia” frente a los reclamos de los pueblos indígenas, recordó el avance de la minería y preguntó si las instancias regionales como Unasur y Mercosur podrían ser ámbitos donde debatir la situación indígena.
Anaya se mostró de acuerdo, aunque no esbozó propuestas de cómo hacerlo. En el auditorio había autoridades de Cancillería, pero optaron por el silencio.
Saludos de rigor, fin de videoconferencia y despedida.
Una agenda de seguridad nacional para el nuevo gobierno
Una agenda de seguridad nacional para el nuevo gobierno
María Cristina Rosas
María Cristina Rosas
Las declaraciones recientes del virtual Presidente electo, Enrique Peña Nieto, a propósito de la crisis de seguridad que aqueja a México, alertan en torno a la posibilidad de que bajo su gobierno, se le de continuidad a un modelo que simple y llanamente no funciona. Hace un par de días, el mexiquense fue enfático al señalar que él no vislumbra grandes cambios en la agenda de seguridad nacional en su gestión al frente del ejecutivo, pese a que la victoria de este personaje obedece, entre muchas otras razones, al voto de castigo de miles de mexicanos contra las políticas de seguridad de la actual administración y las víctimas fatales emanadas de la lucha contra el crimen organizado que superan a las 50 mil personas.
Desafortunadamente, ni en la campaña ni en los debates, definió Peña Nieto las directrices o algún esbozo al menos, de una necesaria política de seguridad. Pero antes de continuar, es pertinente puntualizar por qué es necesaria una nueva agenda de seguridad nacional debidamente estructurada y con visión de largo plazo.
Para comenzar, la agenda de seguridad nacional de la presente administración se elaboró de manera empírica, sobre la marcha, sin una visión de Estado. Ciertamente el gasto en seguridad creció de manera considerable, pese a lo cual, existe la percepción en la ciudadanía de que la violencia relacionada con el combate del crimen organizado va en aumento. Las cifras de más de 50 mil muertos a lo largo del sexenio (por más que se insista en que en su mayoría se trata de criminales), han lastimado a la sociedad mexicana. La imagen de México en el mundo se ha deteriorado considerablemente, no sólo por la mala prensa y/o la ausencia de una diplomacia pública capaz de difundir los logros del presente gobierno (a diferencia de, por ejemplo, lo que hizo Lula da Silva en Brasil, otro país donde la criminalidad y la violencia son rampantes, si bien, pese a ello, la imagen de esa nación en el mundo, es muy positiva). Numerosos inversionistas extranjeros definitivamente han optado por buscar otros países para hacer negocios, debido a los costos que la inseguridad tiene para ellos. Las fuerzas armadas, por su parte, han sido involucradas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con el riesgo de que se desprofesionalicen, amén de que ese tipo de tareas deberían ser realizadas por la policía. Esto, a todas luces, tiene que cambiar.
Seguridad nacional de México en la historia
En términos históricos, lo que en México se caracteriza como agenda de seguridad nacional, no corresponde a una política de Estado, sino de gobierno. Una muestra es, justamente, la agenda de seguridad nacional de la administración de Felipe Calderón. De entrada, su gobierno heredó una indefinición conceptual sobre el particular, reiterando la eterna falta de consenso interno entre las diversas instancias a nivel federal, estatal y municipal en la configuración de una agenda de seguridad que corresponda a un proyecto de nación. Muchas son las explicaciones que se dan a este hecho. Por un lado, hay quienes piensan que esa “fractura” entre definiciones y conceptos ha sido deliberadamente impulsada por la clase política, a efecto de limitar el margen de maniobra de las fuerzas armadas y evitar escenarios como los que fueron la norma en el Cono Sur, con las tristemente célebres dictaduras militares.
Otra explicación tiene que ver con la inducción, en particular a lo largo de los gobiernos priístas, de un concepto que aun cuando oficialmente era de “seguridad nacional”, en realidad era una noción encaminada a salvaguardar al régimen en turno, “protegiéndolo” de todo disenso y/o crítica que lo cuestionara y/o que pusiera en riesgo su permanencia en el poder. Así, de manera deliberada, México “confundió” a la seguridad nacional con la seguridad del régimen. Esto fue cambiando tanto por presiones externas –i. e. el asesinato del agente Camarena y las fuertes críticas de la administración de Ronald Reagan contra el gobierno de Miguel de la Madrid a mediados de la década de los 80- como por sucesos internos –i. e. el terremoto de 1985 y el “surgimiento” de la sociedad civil organizada.
Fue justamente en la primera mitad de ese decenio que se dieron a conocer por parte de las autoridades nuevas propuestas conceptuales que empezaron a “ampliar” la noción de seguridad nacional, aun cuando se mostraban ambiguas y seguían privilegiando la idea del “enemigo interno.”
A continuación, en los 90, con el fin de la guerra fría y el debate internacional para dotar a la seguridad de nuevos significados y competencias, amén de las reformas internas que terminaron por debilitar al Estado mexicano (limitando sus márgenes de maniobra y, presumiblemente, su capacidad coercitiva y represiva sobre la sociedad), continuó la reestructuración de la agenda de seguridad nacional. La llegada de los gobiernos de la “alternancia” y la democratización tuvieron importantes consecuencias para la seguridad, por ejemplo, la creación de una legislación sobre el particular, la divulgación de archivos clasificados sobre los movimientos estudiantiles de los años 60, etcétera.
La seguridad nacional en la presente administración
Pese a ello, se sabe que el camino es largo y falta mucho por hacer. Al respecto, conviene recordar que bajo la presidencia de Felipe Calderón, la política de seguridad ha dado tumbos, ha prevalecido la improvisación y el trabajo reactivo, inducido por la creciente inseguridad y no por una correcta planeación de lo que tendría que haber sido una política de seguridad de Estado. Baste mencionar que en la Ley de seguridad nacional de 2005 se provee un marco legal para la regulación de las actividades de inteligencia civil en México, que sin embargo, no aplica a todos los aparatos del Estado. Asimismo, llamar Ley de seguridad nacional a una norma que versa fundamentalmente sobre tareas de inteligencia, ha sido denunciado de manera reiterada por los especialistas como erróneo y confuso. La ley, además, no hace una mención puntual del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional. Claro está que esta ley vio la luz durante la administración de Vicente Fox, quien, por cierto, mermó severamente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), lo que, sin duda constituyó un severo retroceso en la configuración de una burocracia debidamente capacitada, actualizada y tecnología para las tareas de inteligencia.
Con el arribo de Felipe Calderón a la presidencia, sobrevino el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde, si bien se enfatiza el flagelo que representa el narcotráfico para la sociedad mexicana y se le caracteriza como amenaza a la seguridad nacional, no se establece en dicho plan una vinculación entre seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional –mencionados reiteradamente en el documento de referencia- y en cambio se les presenta de forma desordenada y se genera, por lo mismo, confusión.
La Ley general de protección civil, recientemente reformada, sí establece parámetros de colaboración y coordinación entre ministerios como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, y gobiernos estatales y municipales de cara a los fenómenos naturales.
Desafortunadamente subsiste una carencia conceptual respecto a la importancia de los fenómenos naturales para la seguridad nacional, pese a la incidencia de éstos en todo el territorio del país.
No sería sino hasta que se promulgó el Programa para la seguridad nacional 2009-2012 que finalmente se incluyeron temas y propuestas que previamente no habían sido considerados en la agenda de seguridad nacional del país (véase http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5106082&fecha=20/08/2009). Así, por ejemplo, el programa menciona puntualmente a las amenazas a la seguridad nacional (delincuencia organizada, narcotráfico, grupos armados, terrorismo y vulnerabilidades en fronteras). También el programa incluye los riesgos a la seguridad nacional (conflictos políticos y sociales, pérdida de cohesión social, dinámicas migratorias, epidemias y pandemias, medio ambiente y calentamiento global, y desequilibrios en el desarrollo nacional). Sin embargo, no hay mención específica a las vulnerabilidades que enfrenta el país, algo que muchos estiman necesario, dado que incluso se puede polemizar en torno a lo que se identifica en el citado programa como riesgos para la seguridad nacional (es decir, ¿son riesgos o vulnerabilidades?).
Pese a los avances que se observan, sobre todo, en el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, todavía hay vacíos conceptuales (e incluso diversas nociones), indefinición de competencias entre los distintos niveles de gobierno, insuficiencias legales y doctrinales, etcétera.
Hacia una nueva agenda de seguridad y defensa nacionales
Por lo tanto, es muy importante que un tema que tanta relevancia tiene para la sociedad mexicana y para el progreso del país, cuente con una política de Estado correctamente estructurada y que debería incluir, por lo menos, las siguientes características:
Una doctrina de seguridad nacional. A la fecha, no se cuenta con una doctrina sobre el particular, lo cual redunda en un mal empleo de los recursos materiales y humanos de que dispone el país para tareas de seguridad y que, dicho sea de paso, son finitos.
Una agenda de defensa nacional. Hasta ahora el debate se ha centrado en la agenda de seguridad nacional, haciendo de lado la agenda de defensa nacional. En las naciones más avanzadas (y también en algunas en desarrollo), por ejemplo, se define a la seguridad nacional como la condición alcanzada por un país como consecuencia del desarrollo armónico de un poder nacional y de haber adoptado previsiones y acciones tendentes a atenuar o eliminar su vulnerabilidad de modo que asegure el logro de sus objetivos nacionales, pese a los riesgos y amenazas externas e internas, con pleno respeto de una normativa legal y reglamentaria. Asimismo, se establece la clara distinción respecto a la defensa nacional, la que se caracteriza como el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario, en contra de sus objetivos nacionales para asegurar su soberanía e integridad territorial. Por lo tanto, más que hablar de una agenda de seguridad nacional, lo más correcto debería ser la configuración de una agenda de seguridad y defensa nacionales.
Una agenda de seguridad nacional de consenso. Como se sugería anteriormente, hay varias agendas y conceptos de seguridad nacional, lo que limita las acciones de las autoridades para atender los diversos flagelos que enfrenta el país. Será necesario generar consensos entre las instancias responsables de la seguridad nacional del país, a fin de adoptar un concepto afín que a todos satisfaga.
Distinción clara entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Esta distinción no es ociosa, como se explicaba en líneas precedentes. La amenaza es todo aquello que compromete la supervivencia de la nación, en tanto el riesgo es un flagelo que se opone al desarrollo nacional y que al ser desatendido podría eventualmente convertirse en amenaza a la seguridad nacional. La vulnerabilidad, por su parte, ocurre cuando existe la incapacidad de parte de una comunidad en un entorno determinado, para enfrentar los efectos de un evento interno o externo, y que podría entonces devenir en riesgo o escalar incluso hasta el nivel de amenaza. La claridad conceptual ayudaría, entonces, a configurar una agenda preventiva, en función de las capacidades humanas y materiales de que se dispone, frente a las vulnerabilidades y riesgos existentes, de manera que se evite la escalada de éstos al nivel de amenazas.
Crear un proyecto de nación. El proyecto de nación permitiría caracterizar al México que se desea tener en el 2100 o 2200, de manera que cada plan nacional de desarrollo se convertiría en factor coadyuvante para concretar ese proyecto de nación. Incluso, con el proyecto de nación correctamente definido, se podría actuar de cara a las amenazas, mitigando sus efectos y evitando que se comprometa la supervivencia de la nación.
Una política de seguridad nacional de Estado, no de gobierno. Este es un aspecto nodal: con una política de Estado, se podría dar continuidad a aquello que coadyuve a la seguridad y la prosperidad de la nación. Por el contrario, una política de gobierno, sólo se apoyará en la inmediatez, en una visión de coyuntura/corto plazo, y, en buena medida, en la improvisación. Asimismo, considerando que el virtual Presidente electo pertenece al partido que gobernó por casi siete décadas al país y que casi todo ese tiempo igualó la seguridad nacional a la seguridad del régimen, es crucial que Peña Nieto se desmarque de un retorno a ese esquema. Es cierto que cuando él se proclamó vencedor de la contienda electoral en la noche del 1 de julio, afirmó tajante que no habría vuelta al pasado. Con todo, es menester que sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, mire el presente y el futuro con una visión de estadista (de Estado, pues).
Agenda de seguridad nacional en función de necesidades y capacidades propias. Como se mencionó previamente, en la lista de amenazas a la seguridad nacional que figura, por ejemplo, en el Programa de seguridad nacional 2009-2012, aparece el terrorismo. Su presencia muy posiblemente obedece al lugar que ocupa este flagelo en la agenda de prioridades de Estados Unidos, lo cual es entendible, hasta cierto punto, de cara a lo sucedido en aquel país el 11 de septiembre de 2001. Posiblemente ha influido igualmente la presión de España a propósito de la presencia de etarras en territorio nacional. Empero, vale la pena debatir si el terrorismo al que se hace alusión en la agenda de seguridad nacional es el que le preocupa a Estados Unidos y/o España, o si es aquel que opera en México y que está estrechamente ligado al crimen organizado. Asimismo, sería importante aclarar lo que para la legislación mexicana es terrorismo, dado que en los últimos años se han producido ambigüedades lamentables, “terrorizando” problemas que claramente no tienen fines políticos.
Descriminalizar la lucha contra el narcotráfico. Se ha perdido de vista que además de ser un problema de seguridad, el narcotráfico constituye un serio desafío en materia de salud pública. Si se divorcia una cosa de la otra, se corre el riesgo de evolucionar a un escenario similar al estadunidense, donde el mercado consumidor de estupefacientes alimenta a las organizaciones de narcotraficantes que lo abastecen. Hoy México ya no es sólo un país de tránsito sino de consumo de enervantes de manera creciente.
Generar la legislación adecuada. Aun cuando todavía se debate entre las principales fuerzas políticas si habrá o no un período extraordinario de sesiones en el poder legislativo (ante la infinidad de temas pendientes que urge desahogar), es claro que, en cualquier caso hay que aprobar la nueva Ley de seguridad nacional.
No olvidar el binomio seguridad-desarrollo. Pensar a la seguridad sin desarrollo o al revés, es ilógico, en particular en un país con problemas tan severos de pobreza y distribución de la riqueza como México. Deben evitarse situaciones en donde el gasto en desarrollo se reoriente/sacrifique a favor del de seguridad y viceversa. Cada rubro merece atención y el financiamiento adecuados, pero se les debe asumir a los dos de manera integral, dado que los desafíos de la seguridad son complejos y demandan, por lo mismo, soluciones igualmente complejas.
En las siguientes semanas, éstos y otros aspectos adicionales serán desarrollados en una propuesta de agenda de seguridad y defensa nacionales para el nuevo gobierno, por parte del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C. (iniciativa coordinada por quien esto escribe y que será dada a conocer el próximo mes de octubre).
- María Cristina Rosas es Profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los nuevos golpes del siglo XXI
Los nuevos golpes del siglo XXI
Marco Consolo
Marco Consolo
Bajo el silencio ensordecedor de los grandes medios de comunicación internacionales, la ofensiva estadounidense en contra de los gobiernos progresistas de América Latina, ha cobrado otra víctima. El pasado 22 de junio, Fernando Lugo, Presidente de Paraguay desde el año 2008 y ex obispo católico, ha sido destituido con una velocidad supersónica en un “juicio político” realizado por el Parlamento, que le ha concedido menos de 24 horas para preparar su defensa y dos horas para hacer la presentación de la misma frente a las Cámaras. Un golpe parlamentario, un parla-golpe institucional muy parecido al de Honduras del año 2009.
El vice-presidente Federico Franco, una real “serpiente en el seno del gobierno”, ha sido nombrado enseguida como “nuevo Presidente” por las fuerzas de la oposición. La destitución de Lugo estaba planeada desde hace tiempo, según informaciones enviadas por la embajada estadounidense en el 2009 y publicadas por wikileaks [1]. Después de 22 tentativas, la oposición esperó el momento justo sólo para concretar el golpe. El pretexto utilizado fue la oscura matanza ocurrida en los días previos en Curuguaty, durante una ocupación de tierras, dónde murieron 11 campesinos y 6 miembros de la policía (además hubo 80 heridos y 54 personas con acusaciones graves). La matanza, según muchas denuncias, habría sido ni más ni menos que una trampa organizada ad hoc, para proveer de argumento político a la magistratura y al parlamento, instituciones que están entre las más corruptas del País. Si el acto de acusación del Parlamento [2] no fuera realmente trágico parecería una broma de mal gusto, una perla hecha de afirmaciones sin pruebas y fotocopias de artículos de diarios.
Después de innumerables tentativas, el exitoso parla-golpe dispara al corazón del difícil proceso de transformación del País iniciado con la victoria electoral de Lugo en abril del 2008. Una victoria que habìa puesto fin a 60 años de un poder absoluto del reaccionario Partido Colorado y a los 35 años de Alfredo Stroessner [3], capo de una de las más sanguinarias dictaduras militares latinoamericanas, la que diò refugio entre otros al nazi Joseph Mengele y al dictador nicaragüense Alfredo Somoza. Una trampa muy bien hecha contra la transición democrática, el protagonismo y la movilización popular, causas que asustaron al bipartidismo tradicional de los partidos Colorado y Liberal. Pero posible también gracias a la ingenuidad política de Lugo, el “obispo de los pobres” sin ninguna experiencia de gobierno.
Los protagonistas visibles de este parla-golpe, son las mismas fuerzas cavernícolas de la oligarquía criolla que no se han dado nunca por vencidas y que han tratado de parar de todos los modos posibles, las transformaciones sociales y el protagonismo popular en Paraguay, además siempre obstaculizando la integración latinoamericana. Hoy, de manera grotesca, aquel mismo Parlamento en manos de los partidos tradicionales, en gran parte expresión de los latifundistas y la oligarquía más retrógrada, se yergue en defensa de la democracia, mientras en realidad trata de defender sus privilegios, en alianza con el poder judicial y los grandes medios de comunicación como el periódico ABC Color, real artillería del golpe.
Tras los bastidores, además de Washington, están las multinacionales de la alimentación y la química (Monsanto “in primis”) y del aluminio (Rio Tinto Alcán). La primera está empeñada en extender “el imperio de la soja” cuyas fronteras se pierden entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para los campesinos defender o recobrar la tierra es literalmente una cuestión de vida o muerte, y numerosos son los conflictos con las bandas paramilitares de los así llamados “brasiguayos” (empresarios brasileños de la soja que se han apoderado de millares de hectáreas), los mejores aliados de la Monsanto y su verdadero brazo armado. La misma Monsanto tiene intereses concretos en el golpe, puesto que en los meses pasados el SENAVE, (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) no quiso dar luz verde a las nuevas semillas transgénicas, como pedìan Monsanto y los latifundistas.
Por su parte el gigante canadiense del aluminio, Rio Tinto Alcán, hace muchos años que trata de instalar en el País el modelo extractivista expoliador, que desde hace tantos años está dañando el continente.
Luz y sombras de la gestión de Lugo
Demos un paso atrás.
Con un parlamento en que la base de apoyo real del Presidente fue menos que el 5% y con un poder judicial entre los más corrompidos y desprestigiados en América latina, desde el 2008 el gobierno de Lugo ha tratado de afrontar los problemas históricos del País, tales como la pobreza endémica y la corrupción dominante. Se dieron algunos pasos adelante, partiendo por la educación, el acceso a la vivienda, la creación de un sistema sanitario público y gratuito, con la realización de más de 500 “unidades de salud familiar” que han permitido la cobertura sanitaria de casi 1.5 millones de personas, verdaderos fantasmas, siempre “olvidados” en las estadísticas. Quién escribe retiene en sus ojos el orgullo de una médica paraguaya que reivindicaba la ley que permitió por primera vez a los pobres el acceso a un derecho que históricamente les había sido negado.
El gobierno tuvo como prioridad las políticas sociales, sobre todo contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, en particular hacia las poblaciones originarias, mal llamadas “indígenas”. El programa de lucha contra la pobreza “Tekoporá” que reunió fondos para el apoyo a comunidades selectas, pasó de las 14.000 familias beneficiadas en el 2008, a 112.000 en junio del 2010, con un crecimiento del 800% [4].
El otro tema decisivo ha sido la renegociación con Brasil y Argentina de la cuenta energética de las dos grandes centrales hidroeléctricas (Itaipù y Yacireità), que ha permitido aumentar significativamente los ingresos estatales e iniciar aquella “soberanía energética” que apuntaba a la integración con el resto del continente.
También se dieron pasos adelante en el terreno decisivo de la información, con la creación de la “TV Pública Paraguay” que nunca había existido en la historia del País. La TV fue inaugurada el 14 de mayo del 2011, realizando su primera transmisión oficial el 29 de octubre del 2011 con la puesta al aire de la Cumbre Iberoamericana celebrada en el capital de Asunción. Y la misma Radio Nacional, que fue el instrumento de propaganda gubernamental del Partido Colorado y del dictador Stroessner, empezaba a transformarse en la Radio Pública de todos los paraguayos.
Pero sin duda el punto crucial ha sido y es la cuestión agraria. A pesar de las tentativas de diversificar la economía históricamente basada en la explotación de recursos primarios y en la agro-exportación, la tierra es la llave de desarrollo, como lo ha sido por siglos. También aquí la acumulación capitalista ha sido hecha con la violencia armada y el abuso. Según denuncia de la Comisión Verdad y Justicia, hay casi 8 millones de hectáreas (19% del País) de tierras estatales “malhabidas”, es decir robadas y asignadas de manera fraudulenta y clientelista durante la dictadura de Stroessner (y hasta el 2003) a militares, políticos amigos, ex-presidentes, latifundistas, etc. Tierras que el gobierno de Lugo estaba tratando de recobrar.
Además entre el 2006 y el 2010, con la expansión de la soja, muchos grupos agro-industriales brasileños, franceses, alemanes, portugueses, españoles y japoneses han comprado cerca de 1,8 millones de hectáreas, y casi 9-10 millones en los últimos 20 años. Y a pesar de las declaraciones, desde el 2008 poco se ha avanzado sobre el terreno decisivo de la reforma agraria, reclamada a grandes voces por los “sin tierra” y por los pequeños campesinos, contra la brutal concentración del latifundio. En efecto al día de hoy, el 2% de la población controla el 80% de las tierras fértiles mientras los pequeños propietarios, cerca del 40% de la población, sólo el 5%. El 30% de la población rural está sin tierra [5].
Entre las sombras de la gestión de Lugo hay que señalar la aprobación de la Ley Antiterrorista auspiciada por los Estados Unidos en todo el mundo después del 11 de Septiembre y utilizada para criminalizar los movimientos sociales, especialmente el movimiento campesino. En los últimos años ha crecido la presencia militar colombiana para el entrenamiento de las FF.AA. paraguayas en la lucha “antinarcóticos y anti-terrorista.” En el 2010 Lugo ha autorizado la así llamada “Iniciativa Zona Norte” que es más bien la instalación de tropas y civiles estadounidenses al Norte de la Región Oriental, en la frontera con Brasil, en teoría por actividad a favor de las comunidades campesinas de la zona. Sin embargo ya desde mayo del 2005, antes de la victoria de Lugo, el mismo Parlamento había autorizado la entrada de tropas estadounidenses con inmunidad, permiso de tránsito y permanencia prorrogable automáticamente.
El Paraguay renunció así a su propia jurisdicción, para que las tropas con armamento, material y medicinas pudieran actuar en todo el País, sin necesidad de nuevas autorizaciones. En aquella ocasión entró un primer contingente de 400 soldados de Washington, un duro golpe contra el Mercosur.
Hay otra noticia que pasó casi inadvertida: en las horas del golpe una misión de generales estadounidenses viajó a Asunción para reunirse con parlamentarios (ligados a la pasada dictadura) de la Comisión de Defensa del Parlamento [6] para discutir la posibilidad de instalar nuevas bases de EE.UU. en Paraguay. Hoy en dìa, a solo 11 minutos de vuelo de Bolivia, está la base aérea llamada "Mariscal Estigarribia", con una pista de aterrizaje de más de 3 kilómetros de largo, en un País prácticamente sin aviación. La pista, “made in USA” y modernizada en los últimos años, es diseñada para recibir millares de soldados y aviones de grandes dimensiones con material y armamento. Como la pista de la base de Palmerola en Honduras.
En el 2009 Lugo se opuso a la posibilidad de fuertes maniobras militares del Comando Sur en Paraguay, pero en realidad las tropas de las "estrellas y barras" no se han ido nunca del territorio. Cuando el dictador Stroessner fue depuesto por “sus amigos” con un golpe en febrero de 1989, quedaron en el poder los militares que habían sido protagonistas directos de la larga dictadura. Gracias a acuerdos firmados entonces, el País perdió el derecho de poder investigar los delitos cometidos por tropas extranjeras y denunciar a Washington en la Corte Penal Internacional, violando así su misma legislación.
La situación que vive el Paraguay se entrelaza con la remilitarización estadounidense en todo el continente. Junto a la reedición de la IV flota (parada desde el final de la segunda guerra mundial) que navega delante de Venezuela y Brasil, a la sólida presencia en Colombia, a las decenas de viejas y nuevas bases militares o de inteligencia esparcidas en América latina, la infraestructura estadounidense se fortalece en un País de importancia geo-estratégica limítrofe con Bolivia, Brasil, Argentina. Una presencia militar que hipoteca el control del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable mayores del mundo, en la “Triple Frontera”, entre Paraguay, Argentina y Brasil.
Como dice un chiste en boga en el continente, en las “Américas” el único país que no ha tenido un golpe es Estados Unidos, porque allí no hay ninguna embajada norte-américana. Sólo en la última década hemos visto en el 2002 la tentativa fallida de derrocar por la fuerza al Presidente Chávez y a la Revolución Bolivariana en Venezuela; en el 2009 el exitoso golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras; en el 2010 la tentativa de golpe contra el Presidente Correa y la “revolución ciudadana” en Ecuador; en Bolivia después de la fracasada secesión de la “media luna”, en los últimos meses los intentos de desestabilización contra el Presidente Evo Morales. Son todas señales de la estrategia imperial contra los procesos de cambio político y social en América latina.
El Vaticano del lado de los golpistas
A favor del nuevo gobierno golpista, junto a Canadá, España, Taiwán y Alemania, se ha alineado enseguida el Vaticano, con el Nuncio Apostólico que ha aconsejado a Lugo de hacerse a un lado y aceptar la farsa grotesca del “juicio político”. Idéntico guión del intento de golpe del 2002 en Venezuela contra Hugo Chávez, cuando el Nuncio en Caracas trató de convencerlo a firmar su renuncia “para evitar derramamientos de sangre.”
Al contrario, la Unasur, el Mercosur, la Celac y los Países del Alba, condenaron inmediatamente el “juicio político” contra el Presidente Fernando Lugo, aislando a los golpistas en el continente. En los días siguientes tanto el Mercosur como la Unasur han suspendido a Paraguay de las correspondientes alianzas regionales. Los mismos gobiernos de la derecha (Colombia, Chile y paradojalmente el mismo Honduras), han tenido que tomar distancia del golpe echando mano al argumento que “faltó el debido proceso y sus garantías” para juzgar a Lugo.
Segùn las ultimas denuncias del mismo Lugo [7], ....en el SENAVE (órgano de control de las semillas) el nuevo presidente, un vendedor de agrotóxicos, militante del Partido Liberal (PLRA), ha echado a más de cien funcionarios con la acusación de “ser luguistas”. En Itaipu Binacional, el sindicato controlado por Honor Colorado, STEIBI, en alianza con el actual director general paraguayo, dirigente del PLRA, anuncia el despido de 300 funcionarios con la acusación de ser “zurdos”. El nuevo régimen trató de asaltar la TV Pública, lo que generó una heroica defensa de sus funcionarios. Pero ya se iniciaron también las amenazas para dejar de resistir e iniciaron despidos masivos.....
En Paraguay, la variada base social de Lugo, hecha de movimientos sociales y de las muchas y siempre en conflicto organizaciones de la izquierda, sólo en marzo del 2010 se han unido en el Frente Guasù (Frente Amplio en lengua Guaraní), juntando así una ventena de organizaciones. Con una base social debil, sin fuerza organizada en las calles y en el Parlamento, la gestión de Lugo ha sido marcada por buenas intenciones, por ineficiencia y por mucha ingenuidad. Y la fragmentada izquierda ha encontrado demasiado tarde cohesión para desplegar una masa crítica suficiente como para parar las fuerzas golpistas, las que perdieron parcialmente el gobierno, pero de ninguna manera el poder real. Hoy la resistencia a los golpistas se reorganiza bajo una nueva forma e impulsa movilizaciones populares en todo el País [8].
En el 2013 en Paraguay deberían realizarse las nuevas elecciones. Al momento parece difícil que la situación pueda volver a la “normalidad” que había antes del parla-golpe. Seguramente los Estados Unidos y sus aliados harán lo imposible para parar cualquiera transformación radical en sentido progresista en su “patio trasero”. En México los numerosos fraudes electorales también nos están hablando en “este sentido”…
11-7-2012
[3] Hijo de un imigrado aleman, Hugo Strößner de Hof, Baviera y de Heriberta Matiauda, tomò el poder el 15 de agosto de 1954, aboliendo la constituciòn. Candidato unico a la presidencia en varias elecciones, con el apoyo de los EE.UU quedò en el poder por 35 años. Fué presidente y dictador de su Paìs desde el 15 de agosto 1954 hasta el 3 de febrero 1989.
[4] Fuente: Gobierno de la República del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección General de Control de Recursos Sociales, Informe Final. Auditoría a la Secretaría de Acción Social “ Programa Tekoporá”, Ejercicio fiscal 2007, (Asunción, julio 2009); y Secretaría de Acción Social. Dirección General de Protección Social y Desarrollo Humano. Programa de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, Informe Trimestral 1º, Informe Trimestral 2º, (2009).
Aún lejos de elecciones justas
Aún lejos de elecciones justas
Mark Weisbrot
Los medios reescriben la historia cada día, y al hacer esto, a menudo impiden que entendamos el presente. Las últimas elecciones presidenciales en México son un buen ejemplo: informaciones en la prensa indican que Felipe Calderón, el actual presidente del PAN (Partido de Acción Nacional) “ganó las elecciones de 2006 por un estrecho margen.”
Pero esto no es realmente cierto. Y tal vez sea más difícil comprender el escepticismo del pueblo mexicano en cuanto al resultado de las elecciones actuales al no entender lo que realmente sucedió en 2006. Los resultados oficiales indican que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), ganó 38.2 por ciento del voto, comparado con 31.6 por ciento a Andrés Manuel López Obrador, del PRD (Partido Revolucionario Democrático) y 25.4 por ciento a la panista Josefina Vázquez Mota. No ayuda aliviar ese escepticismo el hecho de que las elecciones actuales han sido manchadas por reportes de compra de votos. Según el Washington Post:
Fue una elección que no fue ni limpia ni justa,” dijo Eduardo Huchim de la Alianza Cívica, una organización ciudadana en México financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esto fue soborno en una escala masiva, dijo Huchim, quien es también ex-funcionario del IFE (Instituto Federal Electoral). “Fue, tal vez, la operación de compra de voto y coerción más grande en la historia del país.
Puede ser que no esto no bastara para cambiar el resultado de la contienda presidencial, pero para ellos que entienden lo que realmente pasó en 2006, la falta de confianza por parte de los votantes es completamente comprensible. Ese año, el margen oficial entre Calderón y López Obrador, candidato perredista también en 2006, fue de 0.58 por ciento. Pero hubo irregularidades electorales masivas. La más sobresaliente, que la prensa internacional mayormente ignoró, fue los problemas con la suma de los votos. Según el procedimiento electoral mexicano, cada lugar de votación recibe una cantidad de boletas electorales en blanco. Después del voto, el número de boletas en blanco sobrantes, más el número de votos emitidos, deben sumarse al número original de las boletas en blanco. En casi la mitad de los lugares de votación, estos números no sumaron bien.
Pero la situación fue aún peor que sólo eso. Como respuesta a la presión pública, las autoridades electorales mexicanas llevaron a cabo dos recuentos parciales de las boletas electorales. En el segundo, recontaron una muestra grande —un 9 por ciento del voto total. Pero sin ninguna explicación, se negaron a publicar el resultado del recuento.
Entre el 9 y el 13 de agosto, el IFE publicó en su sitio de web miles de hojas de los resultados del recuento, las cuales incluyeron los totales de casillas recontadas. Entonces sería posible, con cientos de horas de trabajo, reconstruir el desenlace del recuento y compararlo con los resultados previos. En el Centro de Investigación en Economía y Política, hicimos esto con una muestra aleatoria grande (de 14.4 por ciento) de las casillas recontadas. En estas casillas, el margen de Calderón desapareció.
Puede que esto explique por qué el IFE nunca anunció al público los resultados del recuento, y por qué el IFE negó llevar a cabo un recuento completo —que habría sido justificado en unas elecciones con tan estrecho margen y con tantas irregularidades. Un recuento completo podría haber cambiado el resultado, o determinado que el ganador no podía ser definido.
En aquel momento me llamó la atención la falta de interés de los medios en cuanto al problema de sumar de los votos, y el resultado del recuento. Los dos resultados estuvieron disponibles en el web. Aunque fuera laborioso cuadrar los datos del recuento, cualquier organización mediática con unos miles de dólares podría haber contratado temporalmente a algunas personas para hacer las cuentas. Pero el tema no le interesó a ninguna.
López Obrador cometió un error al reclamar que las elecciones de 2006 fueron robadas sin exigir que los resultados del recuento fueran publicados — posiblemente porque no confió en que éstos serían más legítimos que el cómputo original. Él sí llamó atención al problema de la suma de los votos, pero los medios no le hicieron caso y generalmente lo presentaron como mal perdedor.
Tanto las elecciones de 2006 como las de 2012 fueron manipuladas de otras maneras. Un estudio de la Universidad de Texas revela que hubo prejuicio mediático significativo en contra de López Obrador en 2006, y que éste bastaba y sobraba con influenciar el resultado de una elección de margen tan estrecha. Casi el 95 por ciento de las emisiones televisivas están controladas por sólo dos empresas, Televisa y TV Azteca, y la hostilidad de estas hacia el PRD ha sido documentado.
Durante la campaña presidencial actual, este duopolio mediático fue criticado por no transmitir en cadena nacional el primer debate presidencial del 6 de mayo. Después de que manifestantes estudiantiles fueron calificados como agitadores, se lanzó un movimiento de protesta en contra de los medios televisivos. Fue llamado “#YoSoy132,” después de que 131 de los manifestantes originales grabaron un video viral en que mostraron sus cédulas estudiantiles para comprobar que eran estudiantes auténticos.
John Ackerman hizo bien en criticar al Presidente Obama cuando él felicitó a Peña Nieto como ganador antes de haber recibido la confirmación del resultado. Esto fue parecido a los esfuerzos de la administración de Bush de ayudar a Calderón en 2006, que empezaron inmediatamente después del voto. Calderón lanzó una campaña para establecerlo como el “ganador” y usando como ejemplo la estrategia de Bush en 2000 de aprovechar “la ventaja local” en Florida, como explica Jeffrey Toobin en su excelente libro “Too Close to Call” (“Resultados demasiado cercanos para declarar ganador”).
Como ya he notado, no es porque los votantes mexicanos sean derechistas que México se ha inclinado hacia el lado contrario de la tendencia política de los últimos 14 años en América Latina. Un país tras otro (Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y otros) han elegido y reelegido gobiernos izquierdistas en reacción al fracaso económico de largo plazo de 1980-2000, el peor en más que un siglo. Y la situación económica en el resto de la región ha mejorado durante la última década —pero en México, no.
Algunos han destacado que los otros presidentes izquierdistas de las Américas también enfrentaron a un sector mediático hostil y prejuiciado, y no obstante, lograron ganar. Esto sí ha sido cierto en todos los países mencionados —algunos, como Bolivia, tienen medios aún peores que los de México. Pero México, según se dice, está “tan lejos de Dios y tan cerca a Estados Unidos.” Es una cosa presentar un líder ecuatoriano o boliviano como “otro Hugo Chávez,” como hicieron los medios allá y en otras partes. En su mayoría estos candidatos se lo tomaron con risa. Pero cuando los medios en México le hacen lo mismo a López Obrador —tal como han estado haciendo desde 2006— tiene otro significado. México comparte con Estados Unidos una frontera de 2,000 millas y dirige hacia el norte un 80 por ciento de su exportación no petrolera—esto sin mencionar los 12 mil millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Los medios derechistas de México están bien orientados para montar una campaña de miedo eficaz.
Desde Grecia a Irlanda a México, es así como las élites mantienen su poder en economías en fracaso —no por ofrecer la esperanza, por delicada que sea, de un futuro mejor— sino por propagar el miedo de que cualquier intento a crear una alternativa positiva causará el Apocalipsis.
Mientras que la derecha en México siga controlando los medios televisivos —y puedan seguir contando con un seguro extra por manipular el proceso electoral como lo sea necesario—México tendrá una democracia muy limitada y el país no alcanzará su potencial económico.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
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