El Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), fue de nuevo el objeto de las críticas y las numerosas movilizaciones en todo el país para repudiar las medidas anticrisis con las que se mutilan numerosos derechos laborales y sociales. De nuevo lideradas por funcionarios públicos de todos los ámbitos -justicia, Guardia Civil, bomberos, policía, ejército, enseñanza, universidad, salud y muchos más-, las manifestaciones se propagaron en plazas públicas y calles céntricas de las ciudades con la misma consigna: Esto es un atraco y Rajoy, dimisión.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Rajoy ha aprobado medidas y reformas que han dado un vuelco en el modelo del Estado de bienestar, como los aumentos del IVA e impuestos del IRPF, los recortes en salud y educación, la disminución a los salarios de los servidores públicos y la desaparición de programas vitales para los más desfavorecidos, como el plan de la dependencia y la supresión de una parte del subsidio por el desempleo. En paralelo, el gobierno solicitó a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional un crédito de 100 mil millones de euros para rescatar el sistema bancario.
Todas estas medidas han provocado que Rajoy se haya convertido, en sólo seis meses, en el Ejecutivo más repudiado y en menos tiempo en la historia de la joven democracia española. Un dato de la Delegación del Gobierno en Madrid lo confirma: desde enero se han realizado mil 440 manifestaciones contra el gobierno sólo en la capital española, lo que refleja con nitidez el creciente malestar y la crispación que se vive en un país que sus propios conciudadanos ven al borde del colapso.
El malestar social ya abarca todos los sectores de la administración pública, que en conjunto rechazó los recortes aprobados el pasado viernes: supresión del aguinaldo y reducción salarial. Primero fueron los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud pública. Después surgió la marcha verde, encabezada por los profesores de la escuela pública, que estuvieron apoyados por los estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa.
Poco más tarde apareció la marcha negra de los mineros de las cuencas de Asturias, León, Palencia y Aragón, que luchan contra la extinción de su actividad productiva amenazada por los recortes del presupuesto general del Estado.
Ahora, tras la aprobación del último plan de ajuste -que fulmina 65 mil millones de euros en dos años- se han intensificado las protestas y los colectivos en pie de guerra contra el gobierno de Rajoy: la Guardia Civil, la policía municipal y nacional -incluidos los agentes antidisturbios-, las agrupaciones de militares que aglutinan a los soldados y efectivos de bajo rango, los bomberos y, por último, los jueces y fiscales del conjunto del aparato de justicia, que amenazan con una huelga general inminente si no se retiran tanto los recortes como el plan de reforma de la justicia. A ellos hay que sumar los ciudadanos indignados, que se han organizado en torno al movimiento del 15M.
En Madrid se concentran las principales protestas, con miles de funcionarios -sobre todo policías, bomberos y funcionarios de justicia- que volvieron a convertir la capital en un caos vial, al cerrar vías centrales e intentar llevar su indignación hasta las puertas del Congreso de los Diputados, institución que desde el pasado miércoles está cercada por un hermético dispositivo policial.
Los funcionarios apuntaban al Congreso para expresar que los que nos están robando están ahí, e insistían en que o el gobierno da marcha atrás o esto va a arder como nunca. Las marchas llevaron estas reivindicaciones también a la sede del PP, otro lugar protegido de forma permanente ante el malestar social y el repudio que provocan sus dirigentes entre gran parte de la sociedad.
La tensión ha llegado a tal punto que instituciones que por tradición se han alineado con la derecha española y mantienen silencio ante las medidas gubernamentales, como son la Guardia Civil y el Ejército, han decidido alzar la voz y hasta amenazar con no dar marcha atrás a sus protestas. En la Guardia Civil no vamos a tolerar que se nos utilice como cabeza de turco para pagar desmanes económicos de otros, expresó en un comunicado la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Mientras, la Asociación Unificada de Militares Españoles advirtió que no descarta manifestarse de forma pública contra los recortes para expresar el malestar e inquietud instalados en el colectivo, tras conocer la rebaja de retribuciones y derechos.
A ello hay que sumar la amenaza de huelga de todas las asociaciones de jueces y fiscales del país, que por primera vez en la historia firmaron un comunicado conjunto en el que expresan abiertamente su postura de enfrentamiento abierto al gobierno y al ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, quien intentó aprobar una reforma para controlar el Poder Judicial y nombrar un presidente del Consejo General del Poder Judicial de su confianza. Esto terminó por incendiar aún más los ánimos en el sector.
Trabajadores de la tv pública valenciana protestan en vivo
Una de las protestas y hechos más llamativos del día fue la que protagonizaron los trabajadores de la Televisión Pública de Valencia (RTVV), que ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de mil 295 trabajadores (75 por ciento de la plantilla) decidieron tomar por asalto el estudio de televisión y megáfono en mano interrumpieron la emisión habitual para denunciar la corrupción político-mediática que ha provocado la bancarrota de la comunidad autónoma y, por ende, de la RTVV. Después de varios minutos de intervención, la policía desalojó a los trabajadores.
