La decisión de Ecuador de conceder el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunciada este jueves 16 por el canciller Ricardo Patiño, ha generado una situación poco común, que refleja, sin duda, la realidad cambiante que se vive en el mundo, donde la pretensión de los países del Norte de ser el ejemplo en derechos humanos se revela cada vez más fragilizada.
Es conocido que en EEUU, la "guerra contra el terrorismo" lanzada por el gobierno de George W. Bush ha significado un deterioro progresivo de los derechos civiles, que en buena parte se mantiene con la administración Obama. Por ello, es bastante creíble que Assange podría incurrir el riesgo de indefensión y atentado a sus derechos en caso de ser extraditado a ese país, donde, según alega, un gran jurado estaría preparando en secreto un juicio en su contra por la publicación de miles de documentos internos de las misiones diplomáticas. A la vez, no deja de ser insólito que el gobierno de Reino Unido haya amenazado con violar la inmunidad diplomática de la embajada de Ecuador en Londres para detener a Assange, apoyado en una ley interna (lo cual implicaría desconocer el derecho internacional); si bien luego el canciller William Hague lo descartó, ante las reacciones desatadas.
Un refugio en el Sur
En su extenso comunicado oficial que anuncia el asilo, con base en convenios internacionales, Ecuador explicita los argumentos legales y éticos que justifican su decisión, entre ellas:
"Que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de los derechos humanos en general";
"Que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange", y
"Que la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos".
Ecuador señala, además, que no pretende entorpecer la justicia sueca, que ha pedido la extradición de Assange para interrogarlo por una supuesta alegación de abuso sexual, si bien por ahora no pesa ninguna acusación concreta en su contra. Pero que "la fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria", que afectaría los derechos procesales de Assange. (Entre otros, Suecia declinó la oferta de interrogarlo en la embajada en Londres).
La Declaración menciona, por otra parte, en referencia al hecho que Ecuador ha acogido un alto número de refugiados de la guerra interna en Colombia, que:
"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha elogiado la política de refugio del Ecuador, y ha resaltado el hecho significativo de que en el país no se haya confinado en campamentos a estas personas, sino que han sido integradas a la sociedad, en pleno goce de sus derechos humanos y garantías".
Esto último parece aludir a Gran Bretaña, que retiene a miles de solicitantes de asilo en centros de detención, donde pueden permanecer indefinidamente, con el riesgo de ser retornados a sus países de origen si el pedido es rechazado.
Hace dos meses que Assange acudió a la embajada de Ecuador a pedir refugio. Christine Assange, madre de Julian, quien visitó Ecuador a inicios de agosto, respondió ante una pregunta de ALAI que, cuando un funcionario de la cancillería mencionó en forma no oficial que Assange sería bienvenido en Ecuador, hace dos años, en ese momento su hijo no se daba cuenta que podría necesitar el asilo político. "Julian no tiene experiencia en estos asuntos, que América Latina sí conoce, respecto a requerir protección frente a Estados Unidos", afirmó. "Él dio por supuesto que la justicia seguiría su debido cauce".
Al precisar por qué él había escogido a Ecuador como país de refugio, la Sra. Assange destacó el record ejemplar de ese país en derechos humanos en los últimos cinco años. "Son subyacentes en la Constitución y en cada política, incluida la libertad de expresión en todas sus formas, la protección de periodistas y sus fuentes; y a diferencia de algunos países, Ecuador toma en serio estos mandatos de derechos humanos y libertad de expresión", declaró. A ello se añade el fuerte mandato soberano del país, cuyo principal defensor es el mismo presidente Correa, "quien no teme pararse firme frente a presiones de EE.UU." Christine resaltó también el respaldo popular con el cual cuentan estas políticas, que ella constató en una reunión de jóvenes de distintas tendencias políticas, que fueron unánimes en apoyar el asilo para su hijo.
En la misma reunión con la prensa, el abogado español Baltasar Garzón, quien está coordinando la defensa de Assange entre los diferentes países involucrados en el pleito, opinó que Gran Bretaña no tendría justificación legal para no conceder el salvoconducto, una vez concedido el asilo. "Jurídicamente no puede hacerlo porque Ecuador es un estado soberano, libre y democrático, exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ni más ni menos. Es verdad que la posición hegemónica no es similar, y el único elemento que podría influir en esa no concesión de salvoconducto es que entre la fuerza", la cual no se puede utilizar entre Estados democráticos y con un sistema de derechos, opinó; pues de lo contrario significaría viciar totalmente el procedimiento.
Próximos pasos
El futuro de Assange es incierto, si bien Ecuador ha indicado que podría permanecer indefinidamente en la embajada en caso de no obtener el salvoconducto. Sin duda la decisión podría traer represalias para el país. Ante la actitud amenazante del Reino Unido, el canciller Patiño ha pedido a los distintos foros políticos regionales -ALBA, UNASUR, CELAC, OEA- reunirse de urgencia para expresar una posición sobre la amenaza a la soberanía ecuatoriana.
El ALBA emitió un pronunciamiento en rechazo a la amenaza británica a la integridad de la embajada ecuatoriana y a su derecho soberano de administrar su política de asilo. En una entrevista en Quito, el Secretario de este organismo, Rodolfo Sanz, precisó que: “Ecuador otorgó el asilo político porque estima que el caso es político. El caso no es de derecho penal ordinario. Inglaterra tiene que decidir si da el salvoconducto. El asilo político es una figura que está en el derecho internacional acogida por todos los países que son miembros de Naciones Unidas”. Recordó que por ello muchos países de América Latina han dado salvoconductos, incluso para personas que han cometido crímenes más graves: como los banqueros prófugos que están en EEUU, e incluso a varios implicados en los asesinatos del 11 de abril del 2002 en Venezuela.
El ALBA anunció una reunión de cancilleres para el sábado 18 de agosto en Guayaquil; mientras UNASUR lo hará el domingo en la misma ciudad. Por su parte, la OEA decidirá el viernes 17 sobre una posible convocatoria de cancilleres para el día 23; Canadá y Estados Unidos no han dado importancia a la discusión y no apoyan la medida de convocar la reunión. Por su parte, Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado de EEUU, rechazó hoy la acusación de que su país esté presionando al Reino Unido para que invada por la fuerza la sede diplomática ecuatoriana en Londres y arreste a Assange, y afirmó que "Es un asunto de las naciones involucradas y nosotros no tenemos planeado interponernos".
Organizaciones sociales de Latinoamérica han dado a conocer que se encuentran en consultas para impulsar una campaña internacional de apoyo a Ecuador y de presión al país europeo, que ha ratificado su determinación de entregar Assange a la justicia sueca.
Lo que no cabe duda es que para un Estado como el Reino Unido, le debe resultar una afrenta intolerable que un pequeño e insignificante país del Sur, como Ecuador, pueda darle lecciones en materia de derechos humanos.
- Sally Burch es periodista británica radicada en Ecuador. Labora en ALAI.
