El ex alto funcionario del Gobierno de Bush, como si de la Guerra Fría se tratara, también ataca las relaciones soberanas que tiene el Gobierno Bolivariano con importantes aliados en el mundo.
Un documento publicado por el ex alto funcionario del Departamento de Estado, Roger Noriega, titulado “Plan de acción para la política de los Estados Unidos en las Américas”, propone una serie de estrategias para que EE.UU. recupere el control sobre la región y plantea la necesidad de generar una estrategia “post-Chávez”.
El escrito evidencia el interés imperial de controlar de nuevo a nuestro país, al dedicar un aparte completo para referirse a Venezuela. Arremete, a través de mentiras y acusaciones sin sustento, contra el Gobierno Bolivariano y su líder, Hugo Chávez. Los argumentos utilizados coinciden con los difundidos, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, por los representantes del Gobierno estadounidense, las grandes cadenas de comunicación nacionales e internacionales, y voceros políticos y de ONG´s locales y foráneos.
Sus razones
Reconocen la crisis económica que atraviesa el país norteamericano, por lo que el documento plantea que “Estados Unidos debe recuperar su credibilidad regional adoptando iniciativas audaces para restaurar su solvencia fiscal, promocionando el comercio de forma agresiva, la interdependencia energética, etc.”, como plantea la doctrina neoliberal.
También reitera el discurso trillado de las amenazas a la seguridad, y establece que “Estados Unidos debe entonces reorganizar la estrategia a emplear con sus socios de las Américas, trabajando con ellos para combatir amenazas”. Identifica como una de ellas “el populismo radical”, categoría en la que incluyen al Gobierno venezolano.
Ciencia ficción
Como si de una novela de ciencia ficción se tratara, Noriega establece una relación macabra entre los países que algunos sectores radicales estadounidenses han llamado “el eje del mal”, cuando escribe que “la mayor amenaza a la seguridad y la estabilidad en las Américas es el narco-Estado que ha echado raíces en Venezuela bajo el irresponsable régimen de Hugo Chávez. Este régimen hostil es administrado por aparatos de seguridad de Cuba, financiado por China, armado por Rusia, y asociado con Irán, Hezbolá y narcotraficantes colombianos y mexicanos”.
El argumento del narco-Estado se sustenta en acusaciones, difundidas a través de medios de comunicación, donde vinculan a altos funcionarios del Gobierno y el Ejército venezolanos a grupos narcotraficantes. Estas acusaciones no tienen sustento alguno, ni una sola prueba, sólo forman parte de la campaña de guerra psicológica contra Venezuela.
El ex alto funcionario del Gobierno de Bush, como si de la Guerra Fría se tratara, también ataca las relaciones soberanas que tiene el Gobierno Bolivariano con importantes aliados en el mundo, como Cuba, país con el que se ha establecido una estrecha relación entre los Gobiernos y los pueblos. Vínculo que entre muchos logros puede contar con la erradicación del analfabetismo en Venezuela; el acceso directo a la atención médica en los sectores populares, a través de la Misión Barrio Adentro, en sus distintas etapas; el intercambio en materia científica, entre otros. También destacan las relaciones establecidas con Rusia y China, este último se ha convertido en uno de los principales socios económico y comercial de nuestro país.
Noriega establece que deben “combatir las amenazas que representan los regímenes autoritarios y sus vínculos con Irán, Hezbollah y las organizaciones delictivas transnacionales”. Esta idea establece, en primer lugar, como una amenaza la relación de Venezuela, y otros países de América Latina, con Irán. Relación que se establece mediante los principios de solidaridad y respeto entre los Gobiernos y los pueblos. Los acuerdos con Irán se han vinculado al intercambio y el desarrollo económico, industrial, agrícola, financiero, basado en el conocimiento de las culturas persa y latinoamericana. La intención es vincular, sin prueba alguna, el desarrollo de la tecnología nuclear de Irán a la creación de armas nucleares y, a su vez, el supuesto respaldo de nuestro país a esta política armamentística.
Acusa al Gobierno Bolivariano de vincularse con grupos calificados de terroristas como Hezbollah y otras organizaciones delictivas. Tampoco existe ninguna prueba sobre estos vínculos, sólo las acusaciones reiteradas por el mismo Roger Noriega.
Una prueba de ello son las declaraciones que emitió en julio de 2011 durante una audiencia con congresistas estadounidenses donde afirmó: “Chávez, que tiene un récord de apoyar a narcoterroristas colombianos, ha cooperado con Irán para proveer apoyo político, financiamiento o armas a Hezbollah, Hamas o la palestina Jihad Islámica en este hemisferio y otras partes”.
Injerencia
El documento posee un claro carácter injerencista que se manifiesta al asegurar que “le corresponde a cada nación tomar decisiones difíciles para reducir el poder del Estado, proteger las libertades individuales y promover la rendición de cuentas y la integridad dentro del gobierno. No obstante, Estados Unidos no es un espectador desinteresado”. Reiteran, así, el interés imperial en retomar el control sobre Venezuela a través de la implantación de un gobierno servil a sus intereses.
Por esta razón, cuando se refieren al plan llamado “Programa de promoción de la democracia”, resaltan la importancia “de aumentar el apoyo para el fortalecimiento de los cimientos de un gobierno representativo”, idea que da al traste con la decisión del pueblo de tener una democracia “participativa y protagónica”, como está establecido en la Constitución de 1999, que en ese mismo año fue aprobada por la mayoría de los venezolanos.
Noriega explica que el “gobierno representativo” debe estar cimentado en “organizaciones civiles no gubernamentales, asociaciones empresariales, organizaciones de medios de comunicación, gobiernos, sindicatos, grupos de consumidores, ambientalistas y grupos de protección de la mujer y de los derechos humanos”. Hay innumerables pruebas sobre el financiamiento a este tipo de organizaciones. Existen documentos que demuestran el pago de instituciones del Gobierno estadounidense, com la NED y la USAID, a distintas ONG´s, periodistas, miembros de sindicatos, entre otros.
“Si los defensores de la democracia están dispuestos a asumir los riesgos necesarios para abogar por futuros diferentes para sus países, Estados Unidos debe demostrar su solidaridad y apoyo”, afirma Noriega.
Líneas de acción
El texto plantea líneas de acción a desarrollar por los grupos que denomina de “promoción de la democracia”, donde resaltan dos, uno de acción externa y otro de acción interna. El primero propone que en el seno de la OEA se busquen mecanismos para aplicar la Carta Interamericana de Derechos Humanos a los gobiernos que no son serviles a los intereses estadounidenses: “El gobierno de Obama debería dar instrucciones al representante permanente de los Estados Unidos para trabajar con gobiernos dispuestos a promover los valores e intereses fundamentales, fortalecer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y restaurar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El segundo establece priorizar el apoyo a las fuerzas internas que apoyan la política injerencista, y determina el apoyo “a los partidos políticos, periodistas independientes y otros protagonistas indispensables y constructivos en el proceso político”.
Otras acciones
Para finalizar, Noriega propone otro grupo de acciones a aplicar en Venezuela en un supuesto escenario “post-Chávez”, entre las que se cuentan: “Instruir a embajadas estadounidenses en el extranjero para que ayuden a grupos de la oposición venezolana en la construcción de una red de solidaridad internacional”, de claro carácter injerencista y que ratifica el apoyo a la oposición venezolana como aliado imperial. “Transmitir mensajes diplomáticos apropiados a China, Cuba, Rusia e Irán para que no interfieran en la transición democrática post-Chávez en Venezuela”, lo que evidencia las intenciones estadounidenses de apropiarse de los recursos venezolanos.
Por último, recomienda “Preparar un plan de acción post-Chávez para ayudar a la eliminación de elementos criminales en el Gobierno venezolano actual, ayudando a los venezolanos a recuperar los activos robados y contribuir a la rehabilitación del sector energético y de la infraestructura nacional a través de la participación del sector privado y de los bancos multilaterales de desarrollo”.
En este punto reitera la criminalización de los funcionarios del Gobierno, parte de la campaña de guerra psicológica que se ha venido implementando de manera sistemática a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, y que sugiere que se utilizaría este argumento para justificar cualquier acción de un hipotético nuevo gobierno apoyado por EE.UU. Además, aclara el interés por tomar el control de los recursos energéticos venezolanos y retomar la aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país.
