El Tribunal Constitucional de Chile resolvió no acoger a tramitación el Recurso de Inaplicabilidad presentado Monsanto, Erick Von Baer Lochow y otros con el fin de no transparentar la ubicación de los cultivos transgénicos, información que se mantiene oculta con la complicidad de estamentos públicos desde los gobiernos de la Concertación.
La transnacional agroquímica Monsanto se desistió del recurso de ilegalidad planteado contra el Consejo para la Transparencia en la causa civil N° 3496, el 16 de noviembre ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones. Ahora tendrá que romper el secreto sobre la ubicación de sus cultivos transgénicos.
Todo comenzó en 2009 con la demanda por derecho a saber la ubicación de los cultivos transgénicos planteada por María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile. El año 2010 el Consejo para la Transparencia, entonces encabezado por Raúl Urrutia había acogido favorablemente esa demanda en la decisión N° A59-09. Pero esa decisión fue bloqueada por Monsanto con la apelación judicial.
Este miércoles 26 de octubre de 2011 el Tribunal Constitucional resolvió no acoger a tramitación el Recurso de Inaplicabilidad presentado Hytech Production Chile S.A., Saprosem S.A., Mansur Agricultural Service Limitada, Erick Von Baer Lochow y otros, respecto al Art. 5° de la Ley de Transparencia, el cual a su juicio incidiría en la resolución del Reclamo de Ilegalidad Rol N° 3726-2010 que hoy está en tramitación en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este recurso se refiere a la decisión del Consejo para la Transparencia en el amparo A59-09, presentado por María Elena Rozas en representación de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), que ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregar información referente a la ubicación de cultivos transgénicos en Chile.
María Elena Rozas declaró: “Todo indica que Monsanto se desistió para evitar un fallo en contra de sus pretensiones de mantener el secreto sobre la ubicación de sus cultivos contaminantes, puesto que ante los sólidos argumentos entregados a la Corte por el Consejo para la Transparencia y por RAP-Chile como tercera parte, ellos carecían de respuestas. Para RAP-Chile y para los productores orgánicos y convencionales, así como para los apicultores y vitivinicultores, este es un logro muy importante, ya que permitirá ejercer un control social sobre una actividad que se ejercía hasta ahora en la sombra.”
Monsanto, la mayor productora de maíz transgénico de exportación en Chile, con 4.167 hectáreas de estos cultivos secretos, deberá finalmente entregar su ubicación. Ahora el SAG ya no tiene excusas para continuar amparando el secretismo respecto a esta transnacional. Por más de dos décadas, otros sectores agrícolas, tanto orgánicos como convencionales han estado en riesgo permanente de contaminación por transgénicos. Existen serias dudas que el SAG haya fiscalizado efectivamente esta actividad y no existe información oficial disponible sobre los resultados de esa fiscalización. Por el contrario, organizaciones no gubernamentales han realizado análisis que muestran contaminación de maíz convencional por el maíz transgénico. Actualmente, la emergencia que viven los apicultores debido a la contaminación de su miel por el polen de maíz o raps transgénico de estas empresas, ilustra la gravedad de esta situación. Hasta hoy los apicultores no pueden responsabilizar a nadie por el daño inferido.
En el marco de la Jornada Nacional por Semillas Libres y Sin Transgénicos, impulsada por la Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, María Elena Rozas entregó un téngase presente ante la Corte de Apelaciones para demandar que el tribunal emita con máxima urgencia el fallo que defienda la transparencia en Chile, negando las pretensiones de Erik von Baer y otros socios menores de Monsanto que acompañaron originalmente a la transnacional agroquímica en su presentación ante ese tribunal.
Asimismo hemos hecho llegar una carta al director del SAG, Sr. Aníbal Ariztía, para que proceda de inmediato a transparentar la información sobre la ubicación de los cultivos de Monsanto. Hasta ahora la autoridad continúa protegiendo a los contaminadores y hace un planteamiento que podría describirse como “Chile según Monsanto”.
El Ministerio de Agricultura, a través de sus servicios, propone a los apicultores un engorroso y absurdo sistema. Ello obligaría a los apicultores a entregar la ubicación de sus colmenas y los lugares hacia donde harán la trashumancia para ser o no autorizados a realizar su actividad en esas áreas. Es decir, se pretende subordinar a los apicultores a las transnacionales, impidiendo a este sector productivo planificar libremente su actividad. El complejo sistema de información geográfica propuesto ignora la realidad de miles de pequeños apicultores campesinos e indígenas dispersos por el país. Si esta propuesta fuera aceptada, en la práctica un puñado de productores de transgénicos tendría el acceso a toda la información disponible en función de sus propios intereses, mientras a los agricultores orgánicos y convencionales se les seguiría negando el derecho de acceso a la información pública.
Al mismo tiempo, Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos y plaguicidas continúan su intenso lobby para que en Chile se aprueben leyes para que no sólo haya semilleros transgénicos de exportación sino también cultivos genéticamente modificados para el mercado interno. En Estados Unidos el segundo trimestre de 2011 Monsanto invirtió US$17 millones de dólares en lobby ante el Congreso norteamericano. ¿Cuánto dinero estará destinando Monsanto para ese fin en Chile y a cuántos bolsillos estará llegando?
Estamos en alerta también ante los conflictos de interés a nivel parlamentario, ejemplificados, entre otros, por la presencia de la designada senadora Ena von Baer en el Senado, directamente ligada a la producción transgénica ya que forma parte de la empresa familiar de semillas transgénicas. Precisamente están en trámite en el Senado las leyes de bioseguridad (transgénicos) y de privatización de la semilla, complementarias al Convenio UPOV 91 ya aprobado. Los ciudadanos no aceptamos que se nos impongan leyes altamente perjudiciales para los intereses de la mayoría, y que van a afectar el ambiente y la salud de las personas. Exigimos transparencia respecto de todas las actividades de las empresas contaminadoras y respaldamos una moratoria a los cultivos transgénicos. Nuestra opción es por alimentos sanos y seguros, libres de plaguicidas y transgénicos.
