Argentina está dando un fuerte impulso al uso de semillas transgénicas para que su cosecha pegue un salto a 160 millones de toneladas para 2020, aunque expertos señalaron que una legislación vetusta traba la evolución de un sector que tuvo graves peleas con el gobierno.
Argentina es el tercer país que más transgénicos usa en el mundo, con 22,9 millones de hectáreas sembradas
Argentina es un exportador agrícola clave y el gobierno ha proclamado la necesidad de una nueva ley de semillas que cubra el vacío legal que dificulta el cobro de regalías y que llevó a firmas semilleras a retrasar su desarrollo local, pero la norma no sería tratada en el Congreso este año.
"Apuntar a la genética como uno de los factores que permite aumentar la producción es una estrategia lógica", dijo a Reuters Gabriel Vázquez Amábiles, ingeniero agrónomo de la red de empresas agropecuarias CREA.
Desde la creación del Ministerio de Agricultura, en el 2009, el país autorizó el uso de seis eventos transgénicos de maíz y dos de soja, frente a las doce variedades que se habían aprobado en las dos décadas anteriores, dijo el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, en una entrevista reciente con Reuters.
"El avance científico tiene que servir no sólo para curar enfermedades, sino también para incrementar la producción de alimentos", agregó el funcionario.
La estrategia oficial dista de la visión que las autoridades tenían hace pocos años sobre granos transgénicos como la soja, el principal cultivo del país, que fue demonizado por el gobierno durante una fuerte disputa que tuvo con el sector agropecuario.
El ingeniero Vázquez señaló que los granos transgénicos son un factor primordial para una estrategia de incremento productivo, ya que "el 50% del aumento de rendimiento por año en maíz, trigo y girasol es por progreso genético, y aproximadamente un 60% para la soja".
Los planes del Gobierno
El gobierno prevé en su Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) llevar la cosecha hasta los 160 millones de toneladas para 2020, desde los 100 millones que se producen aproximadamente hoy en día, de la mano de nuevas variedades de granos transgénicos.
"El avance científico es de tal magnitud y de tal velocidad que cosas que nos parecían mágicas o imposibles hasta hace muy poco tiempo, hoy se han realizado, multiplicando la productividad a través de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto", aseguró la presidenta Cristina Fernández.
Limitantes legales. Muchos creen que la actual legislación sobre semillas transgénicas dificulta el cobro de regalías a los agricultores por el uso de granos desarrollados por empresas semilleras, un tema que en el pasado generó una feroz pelea con el gigante Monsanto.
"Si no resolvés el tema de la propiedad intelectual en el tema de las semillas, se va a desalentar la investigación genética local", explicó Vázquez.
Argentina pionera en el uso de semillas transgénicas
Argentina fue pionera en el uso de semillas modificadas genéticamente en la década de 1990, que le permitieron ser actualmente el tercer exportador mundial de soja y el segundo más importante de maíz.
"Si se desarrollaran trabajos (de modificación genética de semillas) para las zonas del país que tienen limitantes específicos, tendríamos respuestas genéticas locales a problemas locales", agregó el experto.
El gobierno sostiene la necesidad de una nueva norma para evitar disputas como la que tuvo con Monsanto en defensa de los intereses de productores y exportadores frente a la firma, que reclamaba sumas millonarias por el uso local de su tecnología Roundup, la cual nunca llegó a patentar en el país.
"Algunos productores chicos se niegan a las nuevas tecnologías, no quieren pagar el derecho de obtentor. Lo que no entienden es que las nuevas tecnologías van a venir si se les reconoce la propiedad intelectual", dijo Basso.
Pero Vázquez advirtió que, además de las dificultades legales, la adopción de tecnología genética en los campos es limitada por problemas en la comercialización de cereales, que desalientan la inversión de los agricultores.
En Argentina, el gobierno establece restricciones a las exportaciones de granos para garantizar el abastecimiento doméstico y evitar alzas de precios, pero los productores denuncian que ese sistema genera distorsiones de precios en el mercado.
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