Por: Jesse Chacon
En un esfuerzo por acercarse a la emocionalidad popular sin confrontarla y superar una de las fortalezas centrales del presidente Hugo Chávez, la estrategia de Capriles Radonsky como candidato presidencial, ha sido intentar vestirse con banderas “progresistas”, en esta dirección ha afirmado reiteradamente que buscará preservar las misiones sociales.
En su programa en el artículo 390, plantea como “el gobierno de Unidad Nacional integrará las Misiones dentro de un plan coherente yarticulado, que reduzca la discrecionalidad del Despacho de la Presidencia yresponsabilice a los Ministerios competentes de una transparente y eficienteAdministración de los recursos.”
Pero esta declaración de buenas intenciones es inmediatamente refutada cuando deja clara su política fiscal, la cual asumirá una vía restrictiva, de reducción progresiva del gasto público. Para cualquier iniciado en los debates de política pública y social, es claro que un compromiso del estado social con la garantía de los derechos económicos y sociales, exige en principio una política de expansión del gasto público, el estado social exige una arquitectura financiera que le de viabilidad y lo realice en la cotidianidad de la gente, no solo en la formalidad de los documentos.
El desmonte de la política social y su instrumento fundamental, como son las misiones se hará progresivamente; pero finalmente se desmontarán, así lo afirma el programa de Capriles Radonsky en el artículo 388, en el cual afirma que “Aunque es necesario reorientar la gestión fiscal, es indeseable una drástica e inmediata reasignación del gasto público, teniendo en cuenta que el gobierno ha atado a él los ingresos de muchas familias y ha destruido oportunidades de empleo en el sector privado. Este es un espacio en el que la disciplina y la gradualidad deben ser conciliadas.”
Todos conocen como en la configuración de las misiones sociales, el gobierno revolucionario recurrió a instrumentos novedosos que le garantizaban un efectivo respaldo financiero para la gestión de éstas, es así como surge el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN),el cual se constituye a partir de los aportes de Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, esto en contravía a las tesis neoliberales que definieron como criterios inamovibles en la gestión de la economía nacional, la autonomía del BCV con el mantenimiento de las reservas internacionales intocadas en bancos extranjeros y la intransferibilidad de utilidades operativas de PDVSA al fisco nacional.
Un verdadero golpe a la ortodoxia neoliberal, el gobierno responsablemente coloca un techo necesario de las reservas para mantener la estabilidad macroeconómica;pero los excedentes sobre este techo fueron dirigidos a la inversión social y productiva, igualmente PDVSA, se configura en el motor y soporte fundamental del desarrollo social. Toda esta instrumentación, se desarrolló desde un enfoque en el que los activos nacionales y del estado son vistos como bienes públicos al servicio de la calidad de vida y felicidad de la gente.
El programa de Capriles está direccionado al desmonte del FONDEM y a la revisión de la ley del Banco Central de Venezuela, limitando su participación como palanca del desarrollo nacional, es decir, apunta al desmonte por asfixia financiera de las misiones sociales, al respecto plantea en su artículo 274, la “eliminacion o integracion de los fondos parafiscales (fondem y otros) dentro del presupuesto único”,
Así mismo en su artículo 408, propone recuperar el enfoque neoliberal en el manejo del Banco Central de Venezuela, al respecto “También se prohíbe al BCV financiar gasto público y convalidar políticas fiscalesdeficitarias. Por tanto, la autonomía del BCV debe ser respetada como un valor socialtanto por el gobierno como por el Directorio del emisor y otros grupos de interés, y elDirectorio debe responder por los resultados de su ejercicio en el logro de sus objetivos,claramente indicados en la Constitución.”
La prédica económica neoliberal subyacente en el programa de Capriles, encara el análisis de las finanzas públicas desde el problema del ingreso y el gasto, así como su relación de déficit o superavit en el sistema de presupuesto; pero haciendo uso de un doble racero, evita asumir la visibilización y análisis del problema de la tributación y la obligada redistribución del ingreso, lograr que quien más gane más aporte al desarrollo de la sociedad, también inviisibilizan la fuga de divisas y el no compromiso del capital privado en el desarrollo económico y social.
La conducta rentista y de no inversión de la burguesía venezolana, llevó a la crisis monetaria de 1983, no fue la expansión del gasto social, pues este era profundamente regresivo para entonces. Esta crisis fue el inicio de un ciclo de crisis monetaria para el país, los años de revolución bolivariana si bien han logrado un mayor equilibrio macroeconómico, no han logrado escapar a la inercia e impacto del juego y circulación de capitales al que se ve sometida.
La mirada neoliberal de la sociedad, ha pretendido mostrar los ciclos estructurales de la inflación y la debilidad del bolívar como patrón de convertibilidad en las transacciones comerciales nacionales y globales, así como producto de la expansión en el gasto público; sin embargo, nada dicen de los juegos especulativos del capital financiero y su trasegar desindustrializador, nada se habla de la compulsiva tendencia a exportar dinero en sumas astronómicas que convierten a Venezuela en exportador de Petróleo y exportador de dólares.
Según un estudio del grupo británico Tax Justice Network, publicado recientemente, entre 1970 a 2010, un grupo de millonarios venezolanos envió 405.000 millones de dólares a los paraísos fiscales.
Esto sitúa a los venezolanos en un tercer lugar pues en primer lugar están los
brasileños con 519.000 millones de dólares y, en segundo lugar los mexicanos con 417.500 millones de dólares.
Todo este dinero equivale a 13.5 veces las reservas internacionales de venezuela y es producto de prácticas de evasión y fuga de los circuitos de la economía nacional. Estas cifras desenmascaran las prédicas neoliberales de los actores articulados alrededor de la candidatura de Capriles Radonsky, muestran la falacia en sus esfuerzos de austeridad fiscal, las cuales pretenden que el estado ahorre, para máximizar ganancias y exportar capitales, su objetivo es reducir el gasto social y así garantizar dinero líquido para transferir a los organismos financieros internacionales, para beneficio del gran capital y sus tecnócratas.
Los criterios de política económica y social con criterios socialistas, plantea por el contrario , la necesidad de incentivar la economía desde la inversión y no con austeridad monetarista, los cuales solo proponen reducir gasto público e inversión.
Es la política económica socialista la que ha logrado la tendencia de reversión de la pobreza, como producto del incremento de la inversión social. Mientras la inversión social con respecto a los ingresos fiscales en el periodo 1988-1998 era de 36,6%; entre 1999 y 2009 subió a 60,6%. Inversión que se ha mantenido a pesar de los retos que ha tenido el gobierno bolivariano con el golpe y el paro petrolero del 2002 o la crisis económica y caída en los precios petroleros del 2008.
Como hemos demostrado, en el transcurso de este artículo, la base restrictiva del gasto social propuesto por Capriles, llevará inexorablemente al desmonte de las misiones, para luego en un tiempo político apropiado lograr transferir la salud, la educación, la vivienda, las pensiones como un gran negocio para el gran capital.
La confrontación entre estos dos modelos de política económica y social se acerca. El 07 de octubre los venezolanos escogeran entre ratificar la continuidad de una política construida para el buen vivir de la gente y las mayorías, o la mercantilización de la vida de muchos para el beneficio del capital y de unos pocos.
