Golpes blancos del capital financiero (I): Ahora le toca a Hungría
Hungría, gobernada hasta abril del 2010 por los social-demócratas, transitó por los repetidos y previsibles caminos que en 2011 recorrerían luego Irlanda, Portugal, España, Grecia e Italia.
Luego de la total restauración capitalista post implosión de la URSS, Hungría consiguió mantener por algunos años un sistema de beneficios sociales a la población. En 2008, a partir de una leve infracción de los nefastos objetivos de Maastricht en materia de déficit (3,8%) se colocó en la agenda destructiva del capital financiero A fines de 2008, la troika que forman el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) impusieron al gobierno social-demócrata húngaro un Plan de Ajuste Estructural al estilo de los aplicados en Latinoamérica en la década del 80 del siglo pasado. Se trataba de la experiencia piloto en Europa de un modelo que luego se repetiría en otros países con ínfimas variaciones.
En contrapartida de un préstamo de 20.000 millones de euros para enjugar el déficit, la Troika impuso un aumento del IVA en 5 puntos, (el impuesto al consumo más retrógrado y que actualmente alcanza allí, el 25%); la edad legal de jubilación elevada a los 65 años; la congelación de los salarios de los funcionarios públicos por dos años; la supresión de un pago extra a los jubilados; la disminución de subsidios a la agricultura y los transportes públicos, etc. El FMI aportó 12.300 millones, la Unión Europea, 6.500 y 1.000 el Banco Mundial -que de esta forma adquiría el derecho de monitorizar la economía magiar-. El préstamo de la Troika multiplicó la deuda con sus intereses, transformándola en un cáncer de la economía que exige nuevos y sucesivos ajustes reaccionarios. Como pasó en otros países europeos de “segunda”, las medidas de austeridad inducidas por el FMI y la UE acrecentaron la oposición de la ciudadanía al gobierno social-demócrata y beneficiaron a la derecha conservadora, que ganó las elecciones legislativas de abril de 2010. Cualquier semejanza con los procesos políticos de Portugal, España y Grecia, no es casualidad.
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