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Según la Fiscalía, los 17 acusados, entre ellos el presidente de Chevron en Brasil George Buck, fueron conminados por la justicia brasileña a entregar su pasaporte y están impedidos de salir del país sin autorización judicial. George Buck y otros tres funcionarios de la empresa son responsabilizados de “dificultar la acción fiscalizadora del poder público, omitirse en cumplir obligaciones de interés ambiental, presentar un plan de emergencia engañoso y actuar con falsedad ideológica al alterar documentos presentados a las autoridades públicas, en relación al volumen del derrame provocado”
La denuncia que fue presentada en la justicia de Campos de los Goytacazes, pide el secuestro de todos los bienes de los denunciados y el pago de una fianza de un millón de reales (unos 555.000 dólares) por cada uno y 10 millones de reales (unos 5,5 millones de dólares), por empresa.
Las penas propuestas por el MPF contra los acusados varían de 21 años y 10 meses a 31 años y 10 meses. George Buck acusado de haber ocultado la gravedad de los hechos, de entorpecer las investigaciones y de haber presentado un plan de contingencia inadecuado, podría ser condenado a 31 años de prisión.
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