x Jorge Zabalza
Años 2003 al 2011. En apenas ocho años, la superficie dedicada a la soja transgénica pasó de 10.000 a más de 850.000 hectáreas
Para convertirse en el principal producto de exportación uruguayo, desplazando a la carne y la lana. La implantación y expansión del proyecto sojero ha sido la principal transformación que ha sufrido el Uruguay Productivo, ella revela el rumbo del proceso económico y social y, por consiguiente, el rol que cumplen los gobiernos progresistas que lo aplauden y estimulan.
La soja transgénica es el “agronegocio” de la MONSANTO y de otras corporaciones que controlan la producción agrícola mundial; también de los capitales financieros que especulan en la bolsa de Chicago con los precios a futuro de la oleaginosa; de la empresa naviera griega que controla el puerto de Nueva Palmira por donde sale el 88% de la soja, y de los “gerenciadores” argentinos que siembran el 60% de la soja producida en el Uruguay. Por rebote, sin mover un sólo dedo, los estancieros se enriquecieron al crecer el valor de la tierra y arrendar sus campos a precios que nunca imaginaron.
La proyecto de “sojización” del Uruguay no estaba en el programa del Frente Amplio, ni nunca fue una política reconocida por los gobiernos progresistas, no obstante lo cual se toman medidas claras para proteger la rentabilidad de los dueños del “agronegocio”. En primer lugar, se exoneran de impuestos las exportaciones de soja sin industrializar (el 95% de la cosechada), política económica que deja sin la necesaria protección estatal a la industria y a la mano de obra nacionales. En segundo lugar, porque los gobiernos progresistas protegen el desarrollo de los enclaves extranjeros establecidos al amparo de la Ley de Zonas Francas y de la Ley de Inversiones. La soja que entra a los silos de Nueva Palmira figura como “exportada” en las cuentas del Estado, porque al pasar los límites de la Zona Franca sale del territorio nacional. Lo mismo ocurre con los rolos de eucalipto que entran a la planta de UPM. En tercer lugar, porque el progresismo se ha preocupado por enviar mensajes de “garantía” a los dueños de la tierra, nacionales y extranjeros, al enfrentar duramente la lucha emblemática de los trabajadores de la caña de azúcar. Mujica quiere dejar bien claro que nada tiene que ver con los “peludos” de Bella Unión y limpiarse de su anterior vinculación con la reforma agraria de Raúl Sendic (padre), y asegurar que a la propiedad de la tierra sólo pueden los empresarios con capital suficiente para explotarla, y está vedado el acceso a los trabajadores sin más riqueza que sus manos.
La invasión de capital extranjero con el proyecto sojero, consolidó el lugar asignado a Uruguay en la división internacional del trabajo como productor de materias primas. El modelo además acarrea consecuencias sociales: concentración de la propiedad de la tierra, de la producción y de la comercialización del grano, expulsión de productores familiares, etc. Pese a que ambos elementos son bien conocidos, el gobierno de Vázquez y Astori festejó como propio el crecimiento de la producción de soja y el gobierno de Mujica y Astori continúa dando luz verde a las grandes corporaciones transnacionales. Consienten impávidos una verdadera contrarreforma agraria, un proceso de neocolonización del Uruguay y al tiempo que tiraron por la borda el proyecto frenteamplista del “Uruguay Productivo”.
Otra cosa es el escenario político donde se mueve la murga que nos gobierna, con el presidente como letrista y director. Los medios emplean las técnicas de Marcelo Tinelli para entretener a los espectadores y hacerlos aplaudir a rabiar los “bolazos” que lanza la presidencia sobre la educación, la seguridad, la salud y la vivienda. Sobre traer peruanos, chinos y bosquimanos para que trabajen la tierra que le niegan a los trabajadores. Para los medios importa la cintura del presidente para acordar con los intendentes la patente única o con blancos y colorados sobre la educación o su cancha para tratar con Kristina y Dilma o con Chávez y Piñera. También, cuando critican, les importa su desprolijidad para exponerse al públicamente con aquél olvidado video de la paranoia presidencial, el abuso arbitrario al designar cargos por amiguismo y cuota política o sus flagrantes contradicciones... metodología de comunicación destinada a alienar conciencia en los aspectos secundarios para que pase desapercibida la estrategia política “mujiquista”: amortiguar el conflicto social para que el Uruguay pueda ser colonizado sin resistencias por el capital extranjero.
Desde el año 2005 se agrava y profundiza la brecha entre los más ricos y los más pobres. Crece cada día el trozo de torta que se apropian los ricos y poderosos y disminuye cada día el que corresponde a los “diezmilpesistas”. Las políticas del MIDES intentan aliviar con bálsamos las llagas de los ochocientos mil cristos redentores que cada mañana salen al trabajo precario y desprotegido,pero ello no impide en nada el crecimiento de la desigualdad social. Los ricos se hacen cada vez más ricos, la riqueza se concentra a pasos agigantados y este hecho innegable deja en evidencia para qué clase social gobierna el progresismo.
La impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado es el complemento necesario es la política policíaco-militar del mujiquismo diseñada por Eleuterio Fernández. Esa política está basada en una doble hipótesis: por un lado, prevenir posibles situaciones de desborde popular como en Grecia y, por el otro, preparae las fuerzas armadas para apoyar a las intervenciones con el sello de la OTAN, la OEA y la ONU, pero planificiadas por el Pentágono. Para hacer la guerra en esos hipotéticos escenarios se precisan dos instrumentos armados: 1) una fuerza con la armada, la fuerza aérea y el ejército bajo mando único, más ágil y con mayor velocidad de respuesta para desplazarse hacia cualquier país donde sea necesaria una de esas intervenciones disfrazadas de “humanitarias”; 2) una Guardia Republicana Nacional, militarizada, organizada y preparada para “megaoperativos” contra posibles territorios urbanos controlados por fuerzas subversivas. Es la contratesis a la concepción de autodefensa popular con ocupación de un territorio urbano, desarrolladas por el MLN (T) como consta en los documentos aprobados en las Convenciones Nacionales realizadas entre 1985 y 1994. Esta política militar tiene un objetivo ulterior y no explicitado, el de conquistar al apoyo del partido militar para que intervenga en la lucha política, volcando la correlación política de fuerzas en favor del mujiquismo, convertido en adalid del olvido y el perdón a los criminales del terrorismo de Estado.
Por supuesto, muchos sienten como propios estos gobiernos progresistas, sea porque están sentados en un cargo público o partidario, porque se encuentra un espacio donde concretar cosas que benefician a la gente, porque hay quienes tienen una fe religiosa en Mujica por su pasado guerrillero y de rehén de la dictadura o porque tienen un fuerte sentimiento de fidelidad frenteamplista. Si embargo, es muy grave el problema de conciencia porque al prestar su consentimiento al gobierno por sus movimientos en el escenario, se está consintiendo además el proceso de neocolonización, la contrarreforma agraria, la profundización de la brecha social y la impunidad de la gran mayoría de los criminales de lesa humanidad. Nadie puede zafar.
Para convertirse en el principal producto de exportación uruguayo, desplazando a la carne y la lana. La implantación y expansión del proyecto sojero ha sido la principal transformación que ha sufrido el Uruguay Productivo, ella revela el rumbo del proceso económico y social y, por consiguiente, el rol que cumplen los gobiernos progresistas que lo aplauden y estimulan.
La soja transgénica es el “agronegocio” de la MONSANTO y de otras corporaciones que controlan la producción agrícola mundial; también de los capitales financieros que especulan en la bolsa de Chicago con los precios a futuro de la oleaginosa; de la empresa naviera griega que controla el puerto de Nueva Palmira por donde sale el 88% de la soja, y de los “gerenciadores” argentinos que siembran el 60% de la soja producida en el Uruguay. Por rebote, sin mover un sólo dedo, los estancieros se enriquecieron al crecer el valor de la tierra y arrendar sus campos a precios que nunca imaginaron.
La proyecto de “sojización” del Uruguay no estaba en el programa del Frente Amplio, ni nunca fue una política reconocida por los gobiernos progresistas, no obstante lo cual se toman medidas claras para proteger la rentabilidad de los dueños del “agronegocio”. En primer lugar, se exoneran de impuestos las exportaciones de soja sin industrializar (el 95% de la cosechada), política económica que deja sin la necesaria protección estatal a la industria y a la mano de obra nacionales. En segundo lugar, porque los gobiernos progresistas protegen el desarrollo de los enclaves extranjeros establecidos al amparo de la Ley de Zonas Francas y de la Ley de Inversiones. La soja que entra a los silos de Nueva Palmira figura como “exportada” en las cuentas del Estado, porque al pasar los límites de la Zona Franca sale del territorio nacional. Lo mismo ocurre con los rolos de eucalipto que entran a la planta de UPM. En tercer lugar, porque el progresismo se ha preocupado por enviar mensajes de “garantía” a los dueños de la tierra, nacionales y extranjeros, al enfrentar duramente la lucha emblemática de los trabajadores de la caña de azúcar. Mujica quiere dejar bien claro que nada tiene que ver con los “peludos” de Bella Unión y limpiarse de su anterior vinculación con la reforma agraria de Raúl Sendic (padre), y asegurar que a la propiedad de la tierra sólo pueden los empresarios con capital suficiente para explotarla, y está vedado el acceso a los trabajadores sin más riqueza que sus manos.
La invasión de capital extranjero con el proyecto sojero, consolidó el lugar asignado a Uruguay en la división internacional del trabajo como productor de materias primas. El modelo además acarrea consecuencias sociales: concentración de la propiedad de la tierra, de la producción y de la comercialización del grano, expulsión de productores familiares, etc. Pese a que ambos elementos son bien conocidos, el gobierno de Vázquez y Astori festejó como propio el crecimiento de la producción de soja y el gobierno de Mujica y Astori continúa dando luz verde a las grandes corporaciones transnacionales. Consienten impávidos una verdadera contrarreforma agraria, un proceso de neocolonización del Uruguay y al tiempo que tiraron por la borda el proyecto frenteamplista del “Uruguay Productivo”.
Otra cosa es el escenario político donde se mueve la murga que nos gobierna, con el presidente como letrista y director. Los medios emplean las técnicas de Marcelo Tinelli para entretener a los espectadores y hacerlos aplaudir a rabiar los “bolazos” que lanza la presidencia sobre la educación, la seguridad, la salud y la vivienda. Sobre traer peruanos, chinos y bosquimanos para que trabajen la tierra que le niegan a los trabajadores. Para los medios importa la cintura del presidente para acordar con los intendentes la patente única o con blancos y colorados sobre la educación o su cancha para tratar con Kristina y Dilma o con Chávez y Piñera. También, cuando critican, les importa su desprolijidad para exponerse al públicamente con aquél olvidado video de la paranoia presidencial, el abuso arbitrario al designar cargos por amiguismo y cuota política o sus flagrantes contradicciones... metodología de comunicación destinada a alienar conciencia en los aspectos secundarios para que pase desapercibida la estrategia política “mujiquista”: amortiguar el conflicto social para que el Uruguay pueda ser colonizado sin resistencias por el capital extranjero.
Desde el año 2005 se agrava y profundiza la brecha entre los más ricos y los más pobres. Crece cada día el trozo de torta que se apropian los ricos y poderosos y disminuye cada día el que corresponde a los “diezmilpesistas”. Las políticas del MIDES intentan aliviar con bálsamos las llagas de los ochocientos mil cristos redentores que cada mañana salen al trabajo precario y desprotegido,pero ello no impide en nada el crecimiento de la desigualdad social. Los ricos se hacen cada vez más ricos, la riqueza se concentra a pasos agigantados y este hecho innegable deja en evidencia para qué clase social gobierna el progresismo.
La impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado es el complemento necesario es la política policíaco-militar del mujiquismo diseñada por Eleuterio Fernández. Esa política está basada en una doble hipótesis: por un lado, prevenir posibles situaciones de desborde popular como en Grecia y, por el otro, preparae las fuerzas armadas para apoyar a las intervenciones con el sello de la OTAN, la OEA y la ONU, pero planificiadas por el Pentágono. Para hacer la guerra en esos hipotéticos escenarios se precisan dos instrumentos armados: 1) una fuerza con la armada, la fuerza aérea y el ejército bajo mando único, más ágil y con mayor velocidad de respuesta para desplazarse hacia cualquier país donde sea necesaria una de esas intervenciones disfrazadas de “humanitarias”; 2) una Guardia Republicana Nacional, militarizada, organizada y preparada para “megaoperativos” contra posibles territorios urbanos controlados por fuerzas subversivas. Es la contratesis a la concepción de autodefensa popular con ocupación de un territorio urbano, desarrolladas por el MLN (T) como consta en los documentos aprobados en las Convenciones Nacionales realizadas entre 1985 y 1994. Esta política militar tiene un objetivo ulterior y no explicitado, el de conquistar al apoyo del partido militar para que intervenga en la lucha política, volcando la correlación política de fuerzas en favor del mujiquismo, convertido en adalid del olvido y el perdón a los criminales del terrorismo de Estado.
Por supuesto, muchos sienten como propios estos gobiernos progresistas, sea porque están sentados en un cargo público o partidario, porque se encuentra un espacio donde concretar cosas que benefician a la gente, porque hay quienes tienen una fe religiosa en Mujica por su pasado guerrillero y de rehén de la dictadura o porque tienen un fuerte sentimiento de fidelidad frenteamplista. Si embargo, es muy grave el problema de conciencia porque al prestar su consentimiento al gobierno por sus movimientos en el escenario, se está consintiendo además el proceso de neocolonización, la contrarreforma agraria, la profundización de la brecha social y la impunidad de la gran mayoría de los criminales de lesa humanidad. Nadie puede zafar.
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