No al pago de una deuda ilegítima que no benefició a la población
A principios de año, el pueblo de Túnez logró tumbar a Ben Alí, el cual huyó del país el 14 de enero de 2011, después de 23 años de una dictadura apoyada por los llamados países “desarrollados”. Seis meses más tarde, Ben Alí fue condenado a pena de cárcel (en rebeldía, porque huyó a Arabia Saudita, donde esta protegido) y a pagar 46 millones de euros de multa. Pero… ¿Es eso suficiente? Desde la caída del régimen dictatorial, Túnez afronta una deuda externa pública de alrededor de 10.000 millones de euros. Ésta sirvió para enriquecer al clan de Ben Alí, cuya fortuna se estima en 3.500 millones de euros, así como para imponer Planes de Ajuste Estructural que afectan a la población con duras medidas de austeridad.
Esta deuda, en su mayor parte, se califica como odiosa, ya que no benefició a la población, sino que sirvió para fortalecer y enriquecer un régimen despótico. Todo ello con pleno conocimiento de los acreedores, en este caso, verdaderos corruptores. Según el argumento jurídico de la deuda odiosa, elaborado por Alexander Sack en 1927, una deuda contraída no para satisfacer las necesidades y los intereses del pueblo, sino en contra de todo ello, es “una deuda de régimen personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener validez cuando ese poder cae”.
En febrero de 2011, en el seno del Foro Social Mundial, la sección tunecina del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) lanzó en Dakar una campaña internacional para la condonación de la deuda contraída por el dictador Ben Alí. Desde entonces, cerca de cien parlamentarios europeos han apoyado la iniciativa de auditar la deuda tunecina |1| . Desde España, el grupo Patas Arriba |2| de Valencia se solidariza con la campaña, al igual que lo hizo la red ¿Quién debe a Quién? a nivel del Estado Español |3|.
En Egipto, desde que Mubarak se convirtió en Presidente en 1981, tras el asesinato de su predecesor, Anwar el-Sadat, el pueblo egipcio ha reembolsado el equivalente a 68.500 millones de dólares en concepto de deuda externa. Sin embargo, durante el mismo periodo, la deuda no cesó de aumentar, pasando de 22.000 a 33.000 millones de dólares. Al igual que pasó en Túnez, la deuda contraída por el régimen de Mubarak es en su mayor parte odiosa, y por lo tanto, conforme al Derecho Internacional, es nula y no tiene validez, por lo que debería simplemente repudiarse.
Del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, la comisión independiente para auditar la deuda pública griega ya está en marcha. Ésta se creó como consecuencia de una propuesta llevada a cabo por un grupo de parlamentarios, movimientos sociales y ciudadanos. En Irlanda, las organizaciones Afri[http://www.afri.ie/], Debt and Development Coalition Ireland [http://www.debtireland.org/], junto con el sindicato Unite [http://www.unitetheunion.org/], han impulsado una comisión ciudadana e independiente para una auditoría de la deuda.
Dentro del Estado español, el debate ya está en la calle. Desde diferentes movimientos sociales como el de los indignados se empieza a pensar en impulsar esta herramienta de participación ciudadana. ¿Vamos a aceptar la hemorragia de recursos hacia los acreedores responsables de la crisis que están padeciendo los más humildes? ¿Vamos a seguir pagando una deuda que no nos benefició, que no debemos, pero que sigue recompensando a los que arruinaron al Estado? o más bien ¿vamos a auditar la deuda pública, repudiar la parte ilegítima, odiosa o ilegal y castigar a los responsables de la crisis?
Victorias sociales son posibles
Cuando, en 2002, Argentina decretó la mayor suspensión de pago de la historia—la deuda era de unos 100.000 millones de dólares—, muchos pronosticaron una ola de represalias financieras y comerciales sobre el país. Pero en realidad, Argentina se encontraba en una posición de fuerza con sus acreedores privados y la renegociación de la deuda desembocó en 2005 en una renuncia de más del 55% del valor de los títulos por parte de los tenedores. A partir de ese momento, Argentina creció y demostró que es posible decidir no pagar la deuda externa, o al menos una parte, y mejorar la economía y el nivel de vida de su pueblo, por supuesto siendo conscientes que todavía existen grandes desigualdades sociales en el país. Además, desde la crisis de 2001, Argentina ha dejado de reembolsar su deuda a los países ricos agrupados en el Club de Paris |4|. Este hecho es silenciado e invisibilizado por los medios y el mismo Club, por lo que nos preguntamos ¿Es posible que estas personas tengan miedo de un efecto contagio a otros países endeudados? ¿Temen la idea de Thomas Sankara (asesinado el 15 de octubre de 1987) y de Fidel Castro de fomentar un frente de países endeudados unidos contra el pago de la deuda?
En 2007/2008, Ecuador suspendió el pago de una parte de sus deudas mientras realizó una auditoría oficial con participación ciudadana que permitió al Gobierno renegociar títulos, ya que en gran parte eran ilegítimos. Esto permitió al gobierno ecuatoriano el ahorro de más 2200 millones de dólares del stock, más 300 millones de dólares al año en concepto de intereses y esto durante 20 años. Este dinero se dedica ahora a la mejora de la sanidad y educación pública.
En Islandia, la movilización social logró hacer dimitir al Gobierno a finales de 2008. Después de haber desembolsado centenares de millones de euros para re-nacionalizar los tres principales bancos islandeses (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) —totalmente privatizados en 2003— el pueblo islandés se sintió engañado y se movilizó masivamente para que los verdaderos responsables de la crisis pagasen el coste de ésta. Mediante referéndum, las islandesas y los islandeses rechazaron el 9 de abril de 2011, por segunda vez, el reembolso de la deuda ilegítima Icesave, que contemplaba la nacionalización de deudas privadas |5|.
La historia nos enseña muchos otros casos. En 1914 en plena revolución, México (por entonces el país más endeudado del continente) suspendió por completo el pago de su deuda externa y en 1942 los acreedores renunciaron aproximadamente al 80 % del valor de sus créditos.
No satisfaremos la reestructuración de deudas, permitiendo alargar en el tiempo el reembolso, sin cambiar nada de este sutil instrumento de dominación. No podemos aceptar tampoco una moratoria sólo de reembolso de capital, ya que incluso en estos casos, muchas veces los intereses continúan vigentes. Para conseguir la justicia real, tenemos que exigir una moratoria del pago de la deuda con congelación de intereses, y facilitar así la realización de una auditoría independiente y ciudadana de la deuda pública de España |6|. Como se dice en Grecia: ¡No debemos, no pagamos!
En consecuencia, seria para todo el beneficio del pueblo, averiguar quiénes contrajeron esas deudas y a quiénes beneficiaron los créditos; difundir los resultados a la ciudadanía y ver qué parte sirvió para enriquecer las elites corruptas, para comprar armamento ilegítimo o para estafar al tesoro público. Los resultados de una auditoría ciudadana empoderarían al pueblo para que éste luchase por su soberanía y sus derechos. La auditoria, si se realiza con participación ciudadanía, puede ser una herramienta útil para la emancipación de los pueblos.
¡Basta de imponernos recortes sociales para reducir un déficit consecuencia de políticas fiscales injustas y de salvamento a la banca!
¡No reembolsaremos deudas ilegitimas!
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