El gobierno de Estados Unidos se opuso a la solicitud presentada por el abogado del antiterrorista cubano, Gerardo Hernández, en la que pidió una audiencia oral y la entrega de evidencia adicional que permita profundizar en el caso de periodistas que fueron pagados con dinero federal para realizar una campaña mediática contra los héroes de la Isla.
Según el sitio digital Cubadebate, en una maniobra evidentemente evasiva, el Gobierno de Estados Unidos intenta argumentar que los hechos presentados por la defensa no son tales y por tanto no resulta necesario procurar más información para esclarecerlos.
En tal sentido, indicó la Fiscalía, la denuncia de la defensa sobre la conducta de los periodistas que la misma jueza del caso, Joan Lenard, reconoció durante el juicio llegaron incluso a amedrentar y acosar al jurado, no es más que una teoría conspirativa y una especulación generalizada.
En 2005 un panel de la Corte de Apelaciones de Atlanta describió el proceso como una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad cuando distintos comunicadores de varios medios de prensa de Miami recibieron miles de dólares del gobierno norteamericano durante el juicio para desatar una campaña de mentiras contra los antiterroristas.
En su escrito la Fiscalía advirtió que podría recurrir a privilegios ejecutivos y a la Ley de Protección de la Información Clasificada (CIPA) para no acceder a la petición, lo cual equivale a admitir su voluntad de seguir ocultando y manipulando las pruebas.
Asimismo, el gobierno estadounidense se opuso a la audiencia oral solicitada por Gerardo Hernández, para explicar uno de los cargos por los que fue condenado a una cadena perpetua en relación a los hechos del 24 de febrero de 1996 cuando fueron derribadas en aguas cubanas dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate.
La Fiscalía acusó a Hernández de conspiración para cometer asesinato con respecto a estos sucesos y no ha querido divulgar en 14 años las imágenes satelitales de ese día que probarían el verdadero lugar del derribo.
Gerardo Hernández cumple una sentencia de doble cadena perpetua más 15 años en una prisión federal de máxima seguridad en California, aunque la propia jueza indicó en su dictamen final que no tenía elementos para juzgar por todos los cargos al antiterrorista.
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