Por: Rafael Rojas
Eliminar el control y la presencia del Estado, privatizar las actividades más rentables, sacar al país de la Opep, aumentar la producción, bajar los precios del crudo, aumentar el precio de la gasolina, eliminar el financiamiento a las misiones y otras políticas sociales, son solo abrebocas de lo que haría, Henrique Capriles Radonski, con nuestra industria petrolera, de llegar a la presidencia de la República.
Éstas no son simple conjeturas, pues así está plasmado en los Lineamientos de la MUD, que Capriles no ha dado a conocer, pero debe cumplir si fuese electo presidente el venidero 7 de octubre.
Basta leer los artículos del 510 al 559, de los Lineamientos de la MUD, para quedar anonadado. 49 artículos que verdaderamente le pararían los pelos hasta al más ingenuo de los venezolanos o venezolanas con un ápice de patriotismo.
Antes de entrar en el análisis de los artículos más relevantes de los Lineamientos de la MUD, haremos un poco de historia
En Diciembre de 1908, cae el gobierno de Cipriano Castro, su compadre Juan Vicente Gómez, le da un golpe de Estado, aprovechando la ausencia del presidente quien debió viajar a Francia por razones de salud. A los pocos días, naves yanquis llegan al Puerto de la Guaira y con ello, las concesiones petroleras por 50 años.
Así, Venezuela se consolida como colonia del imperio norteamericano. Los gobiernos, como simples títeres, hacían lo que decía el imperio yanqui y, sobre todo, en lo referente al manejo de la riqueza petrolera venezolana.
Por décadas las transnacionales explotaban y comercializaban el petróleo venezolano, dejándole a la nación solo las migajas del negocio.
Los Estados Unidos de Norte América, decide aumentar sus reservas petroleras con petróleo extranjero a bajos costos y para ello debía deslastrarse de los costos de extracción y solo dedicarse a “pasar de mano” la mercancía, solo comprar y vender.
1971, Rafael Caldera concreta la nacionalización de la explotación del gas (producto que solo se quemaba) y firma la ley de reversión petrolera, que da piso jurídico para que, cuatro años más tarde, Carlos Andrés Pérez diera fin a la concesión a las empresas extranjeras, que duraría hasta finales de siglo, nacionalizando la explotación petrolera, bajo un contrato leonino que sólo favorecía a las transnacionales, dejándole los costos de extracción a la nación venezolana, pero la exclusividad de la comercialización y distribución a las compañías transnacionales.
1994, unido a la falacia de la “nacionalización”, la estatal Pdvsa, bajo la presidencia de Luis Giusti, implementa una política de apertura petrolera y de internacionalización de la empresa que tenía como objetivo sacar importantes activos de la petrolera nacional hacia el extranjero, privando al Estado venezolano de ganancias y retornos fiscales.
Con la política de apertura petrolera, de Luis Giusti, Pdvsa perdió el control, casi por completo, de las actividades productoras y comerciales, y su participación en el capital de las empresas mixtas no podía superar el 34%, lo que no le permitía tener poder de decisión real en las actividades relacionadas con el patrimonio natural venezolano.
Cabe destacar, que Luis Guisti fue quien introdujo la tesis que decía que Venezuela debía salirse de la OPEP porque ya no era favorable a la nación; que Pdvsa estaba generando pérdidas operativas y, además, las reservas de la nación se agotarían para el año 2000, razones por las cuales recomendaba vender la petrolera lo antes posible.
PDVSA es y será de cada venezolano (que pueda comprar sus acciones). Premisa de las políticas petroleras del programa de gobierno de Capriles.
En los lineamientos de la MUD está la intención de reanudar el modelo de desarrollo de la IV República, “apertura petrolera” de Giusti y rescatar proyectos como el de la Orimulsión, mezcla de crudo y agua que se vendía como bitumen a 4 dólares/b, por debajo del precio del petróleo. Esto es una clara estrategia para bajar el precio del oro negro y venderlo “regalado” a países industrializados. Queda claro que la propuesta atiende también al escenario de “flexibilización” de la producción al capital extranjero. Es decir, las pérdidas para Pdvsa y las ganancias para las petroleras foráneas.
En la presentación de su plan petrolero, hablando de Pdvsa, el candidato de la oposición afirmó que mantendrá el 100% de la empresa en manos del Estado. Pero mantener la propiedad es diferente a mantener el poder de decisión dentro de la empresa, desde 1975 el Estado ha sido el dueño de la empresa petrolera, pero no del negocio.
Solo luego de los hechos acaecidos en diciembre de 2002, producto del sabotaje petrolero, el Estado Revolucionario toma el control total de su empresa de hidrocarburos.
Sobre este tema, Capriles no ha dado más detalles porque no puede revelar sus verdaderas intenciones. Sin embargo éstas están plasmadas en los lineamientos de la MUD. En el punto 521, expresan la intención de crear “un nuevo ente, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente del fisco nacional, con autonomía física, financiera, organizativa, normativa y administrativa” que tendría las funciones de: “proponer alternativas y proveer criterios técnicos y fiscales para resolver posibles diferencias entre las empresas y el Ministerio”
Así el artículo 522 confiere el poder de “otorgar licencias y permisos para realizar todas las actividades (exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte, comercialización, importación y exportación”
El 524 habla que la Constitución no establece que la “manufactura de productos a partir de las materias primas que se generan en país deban ser explotadas por el Estado” lo que significa que la nación debe solo ser productora de materias primas o semielaboradas, como en la Venezuela de la IV República, que vendíamos petróleo, hierro y bauxita, para comprarlos importados como productos terminados.
Pero uno de los más perversos, en cuanto el petróleo, es el punto 526, que reza “Venezuela podría perder la oportunidad de lograr una buena parte de las inversiones por hacerse en el planeta si el Estado no flexibiliza el marco legal vigente y amplía las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos de 2001 y la Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 a favor de la competencia y la participación privada en la industria.
Como lo afirma el lineamiento (480), sus intenciones son de “reducir la discrecionalidad del poder ejecutivo en la captación y uso de los recursos petroleros”, lo que, en otros términos, significa que el Estados no estaría en facultad de tomar decisiones sobre nuestro recurso natural, sino que sería una potestad de entes “autónomos” aliados con empresas privadas, (como en el pasado) cuyos principales intereses nunca fueron los del pueblo, sino de sus propietarios y accionistas.
Como se puede apreciar en este análisis, tanto el discurso de la MUD, como el de su abanderado, Hemrique Capriles Radonski, está lleno de mentiras, falacias, patrañas, evasivas e insultos a la inteligencia colectiva, al momento de explicar su verdadero programa de gobierno, en especial lo que a petróleo se refiere.
La tesis de que el pueblo es dócil, maleable y estúpido cambió cuando la gente salió a la calle un 27 de febrero de 1989, a decirle NO a las políticas neoliberales de los gobiernos adeco-cpeyanos y, desde entonces, se mantiene en pie de lucha, en revolución.
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